La Comisión Europea investigará los cambios de sexo sin control como los que promueve la ‘ley trans’

La Comisión Europea llevará a cabo una investigación preliminar sobre los cambios de sexo sin control en los países miembros, como los que ampara la recién aprobada ley trans promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que la Comisión de Peticiones de la Unión Europea haya admitido una petición sobre este asunto de la Asociación Amanda, activista en contra de la nueva legislación, que firma junto con otro puñado de asociaciones internacionales.

En un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, la presidenta de la Comisión de Peticiones de la UE, Dolors Montserrat, califica de «admisible» la petición porque el asunto planteado «entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea».

Por ello, indica, «he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto». Una solicitud que, según han explicado a ese periódico fuentes de la Comisión de Peticiones, siempre es aceptada y, por lo tanto, la Comisión Europea realizará en el plazo aproximado de tres meses un informe. «A partir de ahí cualquier grupo puede pedir debatir el asunto en Comisión Parlamentaria», señalan.

La Asociación Amanda arranca su petición exponiendo que «actualmente se está constatando en todos los países de la Unión Europea la irrupción del fenómeno conocido como Disforia de Género de Inicio Rápido por contagio social, en adelante DGIR, descrito por la Dra. Lisa Littman en 2018, que consiste en la autoidentificación de jóvenes (en la pubertad, adolescencia e incluso en la juventud) como trans».

Esta agrupación tilda de «alarmante» la incidencia de este fenómeno y apunta que se ha detectado un aumento de las peticiones a las unidades de tratamiento de la identidad de género de varios miles por ciento en pocos años que afecta a adolescentes y jóvenes con variados problemas psicológicos.

En este punto, sostienen que el abordaje que se está realizando de este fenómeno tanto en el ámbito educativo como el sanitario es «muy similar» en todos los países de la Unión Europea. «El acceso a tratamientos hormonales o quirúrgicos no requiere evaluación psicológica previa, sino que se asume como cierta la autoidentificación de género, aun cuando existan indicadores de que el adolescente presenta problemáticas que pueden estar incidiendo en la autoidentificación como trans, siendo el apoyo psicológico opcional. Además, este enfoque afirmativo choca con el libre ejercicio de la patria potestad de los padres y madres en los casos de menores de edad», lamentan.

Como efectos de la problemática descrita, la Asociación Amanda destaca la prohibición de «cualquier acercamiento al malestar de menores y jóvenes que cuestione el origen del mismo, considerando que la terapia psicológica que no sea afirmativa es terapia de conversión» o la «puesta en peligro la patria potestad de padres y madres que buscan acompañar de forma prudente y respetuosa a sus hijas e hijos», entre otros.

En definitiva, entienden que este tipo de prácticas «atentan de forma directa contra los artículos 3 (Derecho a la integridad de la persona, especialmente en lo relativo al consentimiento informado), 24 (Derechos del menor: a la protección y cuidados para su bienestar) y 35 (Protección de la salud) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y, por ello, solicitan el amparo de la Comisión de peticiones para que «lleve a cabo las actuaciones necesarias con su mejor diligencia».

Entre estas diligencias apunta a «requerir a los Estados Miembros para que paralicen todo tipo de intervención farmacológica y/o quirúrgica en adolescentes y jóvenes mientras se lleva a cabo una investigación minuciosa acerca de la incidencia del fenómeno conocido como DGIR en los ámbitos educativos y de salud», así como requerir a los estados para que «proporcionen información acerca de los datos de incidencia registrados en sus respectivos sistemas educativos y de salud» y «promover un debate basado en la evidencia científica acerca de las consecuencias de los tratamientos a los que están siendo sometidos adolescentes y jóvenes».

«Permitir que los profesionales de la salud mental realicen su trabajo sin interferencias, exigiendo la espera atenta y la terapia exploratoria como la primera opción, de forma que la transición social y médica se realice solo en adultos y, de forma muy excepcional, en aquellos casos en que sea el único camino para el bienestar de la persona y siempre con la evaluación de un equipo multidisciplinar, algo que ya han regulado así otros países de la Unión Europea, como Suecia y Finlandia», es otra de sus reclamaciones, como lo es también «no considerar que la negativa a aceptar la autoidentificación de los mejores suponga desprotección de estos por parte de sus padres».

Amanda también ruega «proteger a los y las profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, de la intervención social y del ámbito judicial para que no se pueda considerar delito el cuestionamiento de las afirmaciones de los usuarios acerca de su autoidentifiación de género, prevaleciendo el criterio profesional independientemente de la edad del paciente o consultante» y «proteger y potenciar la coeducación real que promueva a la igualdad entre hombres y mujeres conforme establece el Convenio de Estambul firmado por la Unión Europea en su conjunto».

Amanda ha hecho esta petición con el apoyo y adhesión de Genspect (Irlanda) y las siguientes agrupaciones de familias afectadas de otros países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo: Cry For Recognition (Bélgica), Kirjo (Finlandia), Ypomini (Francia), Transteens Sorge berechtigt (Alemania), Genitori (De)generi (Italia), Genid: GenderIdentity Challenge Norway (Noruega) y Genid: Gender Identity Challenge Sweden (Suecia).