El cesado Edmundo Bal (C’s): la Abogacía escribe «una de sus páginas más tristes» al no ver rebelión
Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos, denuncia que la Abogacía del Estado ha sido "utilizada por el Gobierno de Sánchez para decir que no existió lo que todos vimos que sí pasó". La letrada Seoane ha mantenido en el escrito de conclusiones que no hubo violencia suficiente para atribuir delito de rebelión a los golpistas catalanes.
El ex jefe del departamento Penal de la Abogacía General del Estado y actual diputado de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera que este órgano ha escrito «una de sus páginas más tristes» al no ver violencia suficiente por parte de los separatistas en el golpe de Estado de 2017 y no incluir, por tanto, el delito de rebelión en su escrito de conclusiones, leído este martes en el juicio del procés en el Tribunal Supremo.
En declaraciones a OKDIARIO, el purgado por el Gobierno de Pedro Sánchez subraya: «Hoy tengo claro por qué me cesaron a mí». Bal se negó a firmar el escrito de acusación del que la abogada general del Estado, Consuelo Castro, le dijo que debía borrar todo rastro de la palabra «violencia» para librar a los golpistas del delito de rebelión. Consuelo Castro fue nombrada por el Ejecutivo de Sánchez en junio de 2018.
Este martes, en el puesto que debía hacer ocupado Edmundo Bal ha estado como representante de los servicios jurídicos del Estado Rosa María Seoane, quien ha mantenido la acusación de sedición al entender que el uso de la violencia que requiere el delito de rebelión no fue uno de los «elementos estructurales» del plan diseñado por los líderes independentistas, en contra de lo defendido por la Fiscalía.
«La violencia del delito de rebelión tiene dos requisitos: que la violencia o la amenaza de usarla tenga un carácter nuclear en el acto y aparezca como idónea para tener el resultado. No podemos considerar probado que la violencia como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados como medio para alcanzar sus fines», señaló la letrada.
Ante ello, la reacción de Edmundo Bal es significativa: «Compruebo con tristeza que la Abogacía del Estado ha protagonizado una de las páginas más tristes de su centenaria historia, siendo utilizada por el Gobierno de Sánchez para decir que no existió lo que todos vimos que sí pasó».
Ante la negativa de Bal y su equipo a firmar el escrito de acusación fue la abogada general del Estado, Consuelo Castro, quien lo hizo personalmente para el desarrollo del juicio. Y tras la celebración de la vista oral, la Abogacía ha mantenido las mismas peticiones, no viendo delito de rebelión. Mientras la Fiscalía solicita 25 año de prisión para Oriol Junqueras, la Abogacía pide 12 años al exvicepresidente catalán; los 17 años de cárcel de petición fiscal para Carmen Forcadell y los Jordis se reducen a 10 y ocho en la Abogacía del Estado; y los 16 de los exconsellers pasan a 11 y medio.