Quim Torra | Generalitat Cataluña

Viaje de urgencia de Soraya a Cataluña para avisar a Torra de que volverá el 155 si sigue el golpe

Soraya Sáenz de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. (Foto: EFE)
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Quim Torra toma posesión del cargo este jueves

Soraya Sáenz de Santamaría ha emprendido rumbo urgente a media mañana hacia Cataluña. El objetivo: advertir a Quim Torra -que toma posesión mañana– de que el camino tomado por su Govern puede traer consecuencias muy malas para todos, pero en especial para él.

Esto ocurre a menos de 24 horas de que Torra tome posesión como presidente de la Generalitat en un acto de perfil bajo que se encargan de organizar la propia Sáenz de Santamaría y Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Públicas.

El mensaje no oculta la preocupación del Ejecutivo por el carácter abiertamente “frentista y xenófobo” mostrado por el propio Torra y buena parte de su equipo. Y tampoco oculta que, aunque el Gobierno ya ha dejado claro que busca una salida sin 155 y con gobernabilidad real y plena por parte de los electos catalanes, no puede admitir cualquier cosa. Y entre esas cosas, no puede aceptar una escalada clara hacia el golpe.

El mensaje mantiene el espíritu de la conocida como ‘Operación Diálogo’. Porque mantiene la puerta abierta al intento de reconducir la situación y evitar volver a la casilla de salida del Ejecutivo de Carles Puigdemont. Pero tampoco oculta este mensaje que una entrada evidente en la senda ilegal no dejará más salida al Gobierno de Mariano Rajoy que volver a aplicar -aunque se levante inicialmente- el artículo 155.

La base de este mensaje fue ya tratada en la reunión del pasado martes entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. En ese encuentro se dejo claro que el discurso separatista de Quim Torra en su investidura tendrá consecuencias.

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pactaron, de hecho, un sistema de control reforzado del comportamiento del nuevo Govern para evitar la amenaza rupturista y, especialmente, un sistema de “vigilancia en el cumplimiento de la legalidad” que se hace “extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos”.
Es decir, que se levanta el 155, al menos por ahora, pero se mantiene un sistema reforzado de supervisión que evite que fondos públicos puedan acabar en la continuidad del golpe separatista.

Discurso frentista y xenófobo

El presidente del Gobierno y el secretario General del PSOE, además, acordaron en la reunión “reforzar su acuerdo político para la defensa del orden constitucional en España y también ante nuestros socios europeos”. Porque “dada la situación creada con la investidura del nuevo president de la Generalitat, su discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas, el Gobierno, el PP y el PSOE se han comprometido a ofrecer una respuesta pactada y proporcional en la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria frente a cualquier eventual desafío”. Dentro de este punto se circunscribe el viaje relámpago de Soraya Sáenz de Santamaría.

En el retrovisor del Gobierno no deja de estar, además, la advertencia realizada ya por Albert Rivera. Y es que Ciudadanos ha señalado ya que se debe mantener el 15 y que, además, la formación naranja mantiene una queja abierta por la levedad del actual grado de aplicación de ese artículo de la Constitución.

Ante esta exigencia, el Gobierno y el PSOE han querido dejar claro que la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se hará extensiva a los “recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos, en los términos en que se ha venido haciendo desde la decisión adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el año 2015”.

Y que, tanto PP como PSOE quieren que el resto de fuerzas políticas se sumen al acuerdo porque se trata de un pacto “abierto a todas las fuerzas políticas constitucionales que apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitió la reparación de la legalidad quebrantada por el anterior gobierno de la Generalitat. Asimismo, está abierto a cualquier otra formación política que desee mostrar su compromiso con nuestras instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico”.

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