El Gobierno prefiere retrasar un nuevo 155 y dar prioridad a la vía del TC

El Gobierno prefiere ir «paso a paso» en la aplicación de un nuevo artículo 155 en Cataluña. Y en el caso de hacerlo, insisten en fuentes gubernamentales, se trataría de una aplicación distinta a la actual y, en todo caso, no inmediata. En el Ejecutivo son reticentes a actuar de forma urgente contra el gobierno independentista y optan por agotar antes la vía del Tribunal Constitucional, con recursos contra las ilegalidades en que pueda incurrir el nuevo president Quim Torra. 

Esto ocurriría, por ejemplo, ante una eventual aprobación de nuevas leyes de desconexión, o el intento de recuperar las que en su día fueron recurridas por el Gobierno y suspendidas por el Alto Tribunal, como este lunes anunció el propio Torra en el pleno de la investidura.

Entre estas leyes se encuentra la ley vertebral de la ruptura, anulada el pasado septiembre por el Constitucional, y que albergaba la hoja de ruta de los secesionistas para crear un nuevo Estado: un periodo transitorio de un año para crear una Constitución y la convocatoria de las primeras elecciones de una república catalana, la expulsión del Ejército hasta que una Asamblea Constituyente decidiese la creación de uno propio, el paso de los funcionarios a la administración de la Generalitat o el absoluto control de las fronteras y aduanas.

El Gobierno estará especialmente vigilante a una de las decisiones inmediatas del gobierno independentista, la puesta en marcha de las estructuras políticas paralelas, ya anunciadas por Torra y que dirigirán el futuro de la Generalitat: un Consejo de la República-liderado por Carles Puigdemont desde Berlin-y una Asamblea de Cargos electos, formada por alcaldes y otros cargos afines al independentismo.

En el Gobierno son favorables a evitarlo con vías intermedias a la activación inmediata de otro 155, como podría ser un control reforzado de la financiación pública que impide el desvío de fondos. 

Por ahora, el Ejecutivo mantendrá el control de las finanzas de la Generalitat que ya aprobó en 2015 y  reforzó el año pasado con el fin de vigilar que el presupuesto de la Generalitat no vaya destinado a la comisión de ilegalidades. El Gobierno, no obstante, retrocederá en este punto al mecanismo de supervisión anterior al órdago independentista, de forma que el control se ejercerá de forma mensual, y no semanal, como se venía practicando hasta ahora.

«Cargarse de razones»

En fuentes gubernamentales, lo que hay que hacer es «cargarse de razones» antes de aplicar otro artículo 155, precepto recogido en la Constitución. Lo que está claro es que, en caso de hacerlo, evitará en lo posible una nueva convocatoria de elecciones.

Un escenario que vendría a coincidir con el punto álgido del juicio por rebelión a los dirigentes del independentismo, que el secesionismo utilizará para sacar réditos electorales.

El Gobierno trata además de evitar que la situación en Cataluña interfiera en este momento en la negociación final de los Presupuestos Generales. El PNV, ahora proclive a apoyar las cuentas de Mariano Rajoy, recelaría de una nueva intervención y dejaría en el aire no solo esos Presupuestos, sino también la legislatura.

Queda pendiente, además, la negociación del sistema de financiación, una reforma en la que el Ejecutivo quiere integrar a Cataluña, y que, según fuentes del ministerio de Hacienda, sigue sin un calendario previsto, aún pese a la presión de los propios barones del PP.

Este martes, ante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del Gobierno aseguró que «nadie» quiere aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña  y reafirmó que se hará, en cualquier caso, de forma «proporcional».

Antes, Rajoy se reunió en La Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con quien se comprometió a reforzar el acuerdo para preservar el orden constitucional, aunque insistiendo en que se hará de manera «proporcional».

Según fuentes ‘populares’, Rajoy ha insistido en que el 155 decae cuando el nuevo Gobierno de Cataluña tome posesión y ha criticado de forma velada a Ciudadanos-partido que pide que se prolongue la aplicación de este artículo, y de forma más dura-afirmando que es una «frivolidad» de dirigentes «más o menos asentados».