Amenaza con los tribunales

Carmen Calvo niega cualquier vinculación con los ERE pese a las revelaciones de OKDIARIO

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La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, niega que haya tenido algo que ver con el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, pese a que OKDIARIO ha desvelado formando parte del Ejecutivo andaluz el Consejo de Gobierno aprobó el préstamo de los ERE sin los preceptivos y obligatorios informes jurídicos ni los de la Intervención. Calvo, además, amenaza con llevar a los tribunales a los que traspasen la línea y atenten contra su honor.

«Cuando alguien traspase una línea me defenderé en los tribunales», ha señalado a preguntas de los medios de comunicación tras indicar que «en absoluto» teme verse salpicada por la investigación que el juez de los ERE va a abrir en una pieza separada sobre la concesión de un préstamo a una empresa cárnica de Jaén en 1999, cuando Calvo era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.

Ese préstamo, que el juez sospecha que pudo concederse a sabiendas de que la empresa nunca podría devolverlo, se considera el origen del conocido como ‘fondo de reptiles’ por el que los ex presidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido condenados.

«Mi limpieza es absoluta y alguien está jugando con esto. Me defenderé en los tribunales en cuanto alguien traspase una línea que ofenda a mi imagen pública, mi honor y mi trayectoria política» , ha zanjado.

Campocarne Andalucía

El caso data del 9 de noviembre de 1999. Una fecha en la que el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA. El préstamo se daba tras hacerse cargo la empresa de una segunda firma: la cárnica Hijos de Andrés Molina. La amortización del crédito se diseñó para ser pagada contra las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo: que recibiría de la propia Junta de Andalucía. Traducido: la empresa no llegaba a pagar el préstamo. Y, pese a ello, la compañía acabó dejando sin devolver 3,75 millones.

Pero es que, además, la concesión de ayudas en la que está implicada la actual vicepresidenta Carmen Calvo -al formar parte del Consejo de Gobierno-, se realizó sin cumplir con las exigencias de control más básicas. Se omitió la pertinente celebración de la Comisión General de Viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno regional. La Comisión General debe supervisar todos los informes técnicos obligatorios para evitar el fraude en la concesión de ayudas. Y al omitir esa Comisión, se omitieron todos los informes. De esa manera, se aprobaron los préstamos de ayuda sin contar con tres informes totalmente necesarios para garantizar la limpieza de las subvenciones: el del gabinete jurídico, el informe sobre consignación presupuestaria, y el informe de los interventores en materia de fiscalización presupuestaria.

 

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