Carmen Calvo aprobó el préstamo de los ERE sin informes jurídicos ni del interventor

El Consejo de Gobierno andaluz del que formaba parte la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aprobó en 1999 un plan de ayudas que la Justicia investiga ya por su dinámica similar a la de los ERE. El caso ha supuesto ya que el juez vuelva a imputar a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Las decisiones del Consejo de Gobierno son discutidas por todos los miembros y en esas fechas, Carmen Calvo lideraba la Consejería de Cultura. Como consta ya en la acusación del caso, todos ellos aprobaron las ayudas sin informe del interventor, ni del gabinete jurídico, ni de consignación presupuestaria.

El caso data del 9 de noviembre de 1999. Una fecha en la que el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA. El préstamo se daba tras hacerse cargo la empresa de una segunda firma: la cárnica Hijos de Andrés Molina. La amortización del crédito se diseñó para ser pagada contra las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo: que recibiría de la propia Junta de Andalucía. Traducido: la empresa no llegaba a pagar el préstamo. Y, pese a ello, la compañía acabó dejando sin devolver 3,75 millones.

Pero es que, además, la concesión de ayudas en la que está implicada la actual vicepresidenta Carmen Calvo -al formar parte del Consejo de Gobierno-, se realizó sin cumplir con las exigencias de control más básicas. Se omitió la pertinente celebración de la Comisión General de Viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno regional. La Comisión General debe supervisar todos los informes técnicos obligatorios para evitar el fraude en la concesión de ayudas. Y al omitir esa Comisión, se omitieron todos los informes. De esa manera, se aprobaron los préstamos de ayuda sin contar con tres informes totalmente necesarios para garantizar la limpieza de las subvenciones: el del gabinete jurídico, el informe sobre consignación presupuestaria, y el informe de los interventores en materia de fiscalización presupuestaria.

Esas irregularidades explican el empeño, demostrado ya por este diario, en que la misma Junta de Andalucía socialista que cometió el mayor fraude de corrupción de la democracia española, ocultará además, en 2018, y con actuales cargos del PSOE, algunas de las pruebas decisivas que develaban su fraude. Porque lo cierto es que ya en 1999 se realizaron pagos sin cumplir con las exigencias legales. Por ello, la Junta socialista ha evitado que documentos clave llegaran a la Justicia.

Ocultación de pruebas

OKDIARIO ha publicado ya algunos de los documentos que demuestran la ocultación de pruebas llevada a cabo por los socialistas negando ante la Audiencia Provincial de Sevilla la existencia de acuerdos del Gobierno andaluz de aquel año 1999 en los que se aprobaba el pago de partidas concretas de los ERE. Igualmente este diario ha mostrado el informe elaborado desde la Agencia pública IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) en el que, de nuevo, se niega la entrega de documentos a la Justicia porque, según sus afirmaciones, no existían los documentos.

En esos documentos diseñados para ocultar lo ocurrido se recoge un párrafo escrito por la Consejería de Presidencia de la Junta de Susana Díaz en el que se destaca, por ejemplo, lo siguiente: “Finalmente [se comunica] oficio del Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que señala que no hay constancia en sus archivos, de tal Convenio”.

El Convenio al que hace referencia estaba siendo reclamado judicialmente. Y es el documento por el que Gaspar Zarrías permitió la concesión de subvenciones a una de esas empresas de los ERE para que pagaran con fondos públicos el préstamo que igualmente la Junta socialista le concedió. Traducido: que la empresa se quedó el dinero porque recibió un préstamo público y lo devolvió con subvenciones públicas.

Lo más grave del caso es que la Junta que hizo todas esas operaciones es la misma en la que se sentaba como consejera la actual vicepresidenta Carmen Calvo. Y el préstamo fue realizado por acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se sentaba ella como consejera.

El empeño en negar la existencia de ese acuerdo de 1999 tiene su explicación. Y es que ese es uno de los expedientes en los que se destinó dinero público de los ERE antes del año 2001: la fecha en la que empezaron oficialmente las ayudas ilegales. Pero lo cierto es que la Justicia investiga ya concesiones previas. Porque lo que cambió ese 2001 fue únicamente la dinámica pública de ocultación. Ese año se genera el mecanismo de no pasar por el Consejo de Gobierno regional la aprobación de las ayudas precisamente para no dejar pruebas. Lo que quiere decir que hasta ese año, el dinero que se entregó sí dejó rastro público en las actas de Gobierno. Y esas actas son un documento público que debe ser guardado y custodiado. Por eso los socialistas querían que ese rastro no llegase a la Justicia.