El Gobierno de Susana Díaz ocultó a la Justicia documentos de la Agencia IDEA que prueban el fraude de los ERE

La misma Junta de Andalucía socialista que cometió el mayor fraude de corrupción de la democracia española ocultó, ya en 2018 y con actuales cargos del PSOE, algunas de las pruebas decisivas que develaban su fraude de 680 millones de euros. Lo hizo para que esos documentos no llegaran a la Justicia. OKDIARIO ha publicado ya uno de los documentos que demuestran la ocultación de pruebas llevada a cabo por los socialistas negando, ante la Audiencia Provincial de Sevilla, la existencia de acuerdos del Gobierno andaluz del año 1999 en los que se aprobaba el pago de partidas concretas de los ERE. Y ahora publica un segundo documento: el elaborado desde la Agencia pública IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) en el que, de nuevo, se niega la entrega de documentos a la Justicia porque, según sus afirmaciones, no existían los documentos.

El documento que hoy recoge este diario fue remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla el 9 de febrero de 2018. Y en él destaca un párrafo escrito por la Consejería de Presidencia de la Junta de Susana Díaz en el que se dice lo siguiente: “Finalmente [se comunica] oficio del Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que señala que no hay constancia en sus archivos, de tal Convenio”.

El Convenio al que hace referencia estaba siendo reclamado judicialmente. Y es el documento por el que Gaspar Zarrías permitió la concesión de subvenciones a una de las empresas de los ERE para que pagaran con fondos públicos el préstamo que igualmente la Junta socialista le concedió. Traducido: que la empresa se quedó el dinero porque recibió un préstamo público y lo devolvió… con ¡subvenciones públicas!.

Lo más grave del caso es que la Junta que hizo todas esas operaciones es la misma en la que se sentaba como consejera la actual vicepresidenta Carmen Calvo. Y el préstamo fue realizado por acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se sentaba ella como consejera.

El segundo documento que prueba la ocultación de documentos de la Junta de Andalucía a la Justicia es el que ya ha publicado OKDIARIO. Ese documento viene igualmente firmado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Fue remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla ese 9 de febrero de 2018. Es decir, con Susana Díaz al frente del Gobierno regional. Y responde al requerimiento judicial realizado el “29 de enero” reclamando “el expediente administrativo completo que dio lugar al Acuerdo del Consejo de Gobierno de ocho de junio de 1999”.

La contestación que da la Junta socialista a la Justicia en ese caso también es negativa: “Se remite certificación negativa de la existencia de documento que se refiere a dicho convenio en los archivos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, así como diligencia negativa de la existencia de dicho documento en el archivo de Convenios de la Vicepresidencia expedida por la Coordinadora general”. Traducido: que, según la Junta socialista, no existe el documento que probaría que la trama de los  ERE viene de lejos.

Ocultación de pruebas

El empeño en negar la existencia de ese acuerdo tiene su explicación. Y es que ese es uno de los expedientes en los que se destinó dinero público de los ERE antes del año 2001: la fecha en la que empezaron oficialmente las ayudas ilegales. Pero lo cierto es que la Justicia investiga ya concesiones previas. Porque lo que cambió ese 2001 fue únicamente la dinámica pública de ocultación. Ese año se genera el mecanismo de no pasar por el Consejo de Gobierno regional la aprobación de las ayudas precisamente para no dejar pruebas. Lo que quiere decir que hasta ese año, el dinero que se entregó para los ERE sí dejó rastro público en las actas de Gobierno. Y esas actas son un documento público que debe ser guardado y custodiado. Por eso los socialistas querían que ese rastro no llegase a la Justicia.

La Justicia, de hecho, investiga ya ese acuerdo de 1999. Y en esa concesión de ayudas intervino la actual vicepresidenta Carmen Calvo puesto que participó en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorizó un préstamo: uno por el que este pasado martes el juez ha vuelto a investigar a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Las decisiones del Consejo de Gobierno son discutidas por todos los miembros y en esas fechas, Carmen Calvo lideraba la Consejería de Cultura.

Ese caso data del 9 de noviembre de 1999. Una fecha en la que el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA. El préstamo se daba tras hacerse cargo la empresa de una segunda firma: la cárnica Hijos de Andrés Molina. La amortización del crédito se diseñó para ser pagada contra las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo. Pese a ello, la empresa acabó dejando sin devolver 3,75 millones.