El PSOE blindó en 2016 a los condenados por los ERE para que no devolvieran los 680 millones robados

El PSOE, que asegura que el caso de los ERE fue cosa de una cúpula política ya pasada y superada, torpedeó hace sólo tres años el proceso judicial para impedir que los futuros condenados tuvieran que devolver los 680 millones de euros robados. Lo hizo a través del equipo jurídico de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, la todavía líder del PSOE en esta comunidad autónoma. Este equipo jurídico era el único habilitado para reclamar civilmente la devolución de los cientos de millones de euros robados, tal y como ha confirmado ya la sentencia del caso. Pero es más: ese importe realmente podría ser superior, porque a lo robado habría que sumar el daño ocasionado, y esa suma también fue bloqueada por el PSOE durante el proceso.

Todo ocurrió en octubre de 2016. La Fiscalía Anticorrupción había elevado por aquellas fechas a 741 millones de euros el importe del fraude de los ERE provocado por los sucesivos Gobiernos andaluces socialistas entre 2000 y 2010.

El PSOE de la Junta de Andalucía, con pleno consentimiento de Ferraz, se había personado ya como acusación en el caso. Pero no lo hizo para favorecer el esclarecimiento de lo ocurrido. Al revés: lo hizo para reventar el proceso y solicitar el archivo, tal y como ya ha publicado OKDIARIO.

Pero esa petición de archivo trajo de la mano una segunda consecuencia: la renuncia a la necesaria reclamación civil del importe robado. Una cifra que ahora ya se sabe que, cuando menos, asciende a 680 millones de euros: el volumen económico del fraude estimado en la vía penal. La acusación de la Junta no era sólo una acusación más. Era la única que podía reclamar, como afectada directa, la devolución del dinero robado.

El fiscal José Enrique Egocheaga dejó constancia de esta realidad al eliminar una parte fundamental de su escrito de acusación, justo la relativa a las responsabilidades civiles, estimadas en aquel momento y de forma concreta en 741.596.545 euros que se les exigía a los ex altos cargos de la Junta acusados de malversación.

El fiscal tuvo que considerar esas exigencias como “no puestas” debido precisamente a que los equipos jurídicos del PSOE y la Junta abandonaron el procedimiento al no apreciar delito alguno en la conducta de sus 22 ex altos cargos y pedir el archivo del caso. Y es que, al no formular escrito de acusación contra ninguno de ellos, se autoexpulsaron de la pieza principal de los ERE.

Todo ello, teniendo en cuenta que la Administración andaluza, como perjudicada directa por el robo de los ERE, era la única que estaba legitimada para pedir las responsabilidades civiles en este juicio. El artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es rotundo sobre este aspecto: «La acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables». El ofendido era la Junta. Ahora el Gobierno de la Junta ha cambiado de manos y es el PP el que ejerce ese mando. Y, por ello, puede resucitar la acción civi. Pero, lo cierto es que el PSOE hizo todo lo que pudo por impedir esa devolución del dinero robado.