La Junta de Susana Díaz ocultó a la Justicia las actas de Gobierno que aprobaban partidas de los ERE

La Junta de Andalucía socialista no sólo cometió el mayor fraude de corrupción de la democracia española. Además, en el año 2018 y con actuales y destacados cargos del PSOE evitó que algunas de las pruebas decisivas que develaban su fraude de 680 millones de euros llegaran a la Justicia. El documento que hoy publica OKDIARIO demuestra la ocultación de pruebas llevada a cabo por los socialistas negando ante la Audiencia Provincial de Sevilla la existencia de acuerdos del Gobierno andaluz del año 1999 en los que se aprobaba el pago de partidas concretas de los ERE.

El documento que hoy recoge este diario viene firmado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Fue remitido a la Audiencia Provincial de Sevilla el 9 de febrero de 2018. Es decir, con Susana Díaz al frente del Gobierno regional. Y responde al requerimiento judicial realizado el “29 de enero” reclamando “el expediente administrativo completo que dio lugar al Acuerdo del Consejo de Gobierno de ocho de junio de 1999”.

La contestación que da la Junta socialista a la Justicia es la siguiente: “Se remite certificación negativa de la existencia de documento que se refiere a dicho convenio en los archivos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, así como diligencia negativa de la existencia de dicho documento en el archivo de Convenios de la Vicepresidencia expedida por la Coordinadora general”. Traducido: que, según la Junta socialista, no existe el documento.

El empeño en negar la existencia de ese acuerdo tiene su explicación. Se trata de uno de los expedientes en los que se destinó dinero público de los ERE antes del año 2001: la fecha en la que empezaron oficialmente las ayudas ilegales. Pero lo cierto es que la Justicia investiga ya concesiones previas. Porque lo que cambió ese 2001 fue únicamente la dinámica pública de ocultación. Ese año se genera el mecanismo de no pasar por el Consejo de Gobierno regional la aprobación de las ayudas precisamente para no dejar pruebas. Lo que quiere decir que hasta ese año, el dinero que se entregó sí dejó rastro público en las actas de Gobierno. Y esas actas son un documento público que debe ser guardado y custodiado. Por eso los socialistas querían que ese rastro no llegase a la Justicia.

Carmen Calvo

La Justicia, de hecho, investiga ya un acuerdo de 1999 muy concreto. Uno en el que la actual vicepresidenta Carmen Calvo participó en la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que autorizó un préstamo: uno por el que este pasado martes el juez ha vuelto a investigar a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Las decisiones del Consejo de Gobierno son discutidas por todos los miembros y en esas fechas, Carmen Calvo lideraba la Consejería de Cultura.

Ese caso data del 9 de noviembre de 1999. Una fecha en la que el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA. El préstamo se daba tras hacerse cargo la empresa de una segunda firma: la cárnica Hijos de Andrés Molina. La amortización del crédito se diseñó para ser pagada contra las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo. Pese a ello, la empresa acabó dejando sin devolver 3,75 millones.

El juez ha imputado ya a Chaves y Zarrías por ese préstamo irregular de 3,7 millones. Porque a ojos de la Justicia, al margen de la pieza general y política de los ERE, ahora deben analizarse concesiones concretas de años no evaluados hasta el momento.

Por ello, el magistrado ha concedido ya la condición de investigados a Chaves, cuatro ex consejeros (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo), al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y a otras nueve personas.

Carmen Calvo formaba parte de ese Ejecutivo regional. Era la titular de Cultura, cartera que ocupó desde abril de 1996 hasta febrero de 2004. Entonces se incorporó al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero como ministra de Cultura.