Sánchez pudo exigir la devolución de los 680 millones robados en los ERE y no lo hizo

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pudo reclamar que se devolvieran los 680 millones de euros robados en el caso de los ERE. Sin embargo, Sánchez no lo hizo. Es más, el PSOE puso todas las trabas posibles al proceso judicial de los ERE de Andalucía hasta el punto de que en 2016 directamente solicitó su archivo, como ha publicado OKDIARIO con los documentos judiciales acreditativos.

El PSOE intentó en febrero de 2017 ir más allá en la protección a los que ahora han sido condenados por el robo de cientos de millones de euros públicos destinados a los parados andaluces: exigir que sólo los abogados de la Junta de Andalucía pudiesen reclamar la devolución de lo robado.

El importe asciende al menos a 680 millones de euros, según la sentencia penal. En febrero, el equipo jurídico de los socialistas exigió esa reserva de la acción civil para que la Fiscalía, bajo el Gobierno nacional del PP en aquel entonces, no pudiese reclamar la devolución. Pedro Sánchez no era en esa fecha el secretario general del partido, pero sí se convirtió en líder del PSOE unos meses después tras ganar las primarias el 21 de mayo de 2017. Y, pese a contar con ese poder, Pedro Sánchez mantuvo hasta el final la reserva de forma que la reclamación de lo robado nunca se llegó a efectuar.

El documento que hoy publica OKDIARIO prueba esa maniobra del PSOE  para impedir que la Fiscalía reclamara no sólo penas de prisión o inhabilitación. También el dinero robado.

El escrito esta fechado el 14 de febrero de 2017. Y en él se señala que “LOS LETRADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA en la representación que por su cargo ostentan y que tienen acreditada en el procedimiento de referencia, ante el Juzgado comparecen y como mejor proceda en Derecho D I C E N” lo siguiente: en primer lugar, “que en fecha 14 de febrero de 2017, les ha sido notificada Providencia de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete por la que se concede a esta parte plazo de tres días, para manifestar lo que a su derecho convenga en relación con el ejercicio de la acción civil”. Porque eran ellos los que tenían que decidir en última instancia sobre la reclamación de los 680 millones. ¿Por qué? Pues porque el dinero había salido de las arcas de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, son ellos los encargados de reclamarlo.

El documento aclara en ese punto “que dentro del plazo concedido, esta parte manifiesta que se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar”. Esta afirmación supone una grave consecuencia directa: que si la Junta, perjudicada por el latrocinio, no renunciaba a reclamar civilmente el dinero robado, la Fiscalía no podía ejercer esa potestad. Una jugada que ataba de pies y manos a la Fiscalía bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

El documento recalca este punto y señala que “en su virtud, SOLICITAN AL JUZGADO tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo en tiempo y forma, y conforme a lo manifestado tenga por hecha la reserva expresa de esta parte en orden al ejercicio de la acción civil”.

Las primarias del PSOE

Todo ello ocurrió ese febrero de 2017 mientras el PSOE se acercaba, bajo mando de una gestora comandada por Javier Fernández, a la fecha en la que se elegiría en primarias al nuevo secretario general socialista. De esas primarias saldría un flamante nuevo líder, Pedro Sánchez, quien podría haber reclamado desde su cargo de máximo exponente del Partido Socialista la reactivación de la acción civil, la anulación de la reserva para que la Fiscalía pudiese reclamar lo robado en los ERE, o, al menos, haber denunciado lo que ocurría para presionar a Susana Díaz, la gran derrotada en aquellas primarias, para que permitiera recuperar los 680 millones de euros. Pero el ahora presidente del Gobierno decidió no hacer nada de eso.

Porque el PSOE, que asegura que el caso de los ERE fue cosa de una cúpula política ya pasada, torpedeó el proceso judicial para impedir que los futuros condenados tuvieran que devolver los 680 millones de euros robados. Lo hizo en 2017 y, ya previamente, en el año 2016 a través del equipo jurídico de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, la líder del PSOE en esta comunidad autónoma. Este equipo jurídico era el único habilitado para reclamar civilmente la devolución de los cientos de millones de euros robados, tal y como ha confirmado ya la sentencia del caso. Pero es más: ese importe realmente podría ser superior, porque a lo robado habría que sumar el daño ocasionado, y esa suma también fue bloqueada por el PSOE durante el proceso.

La Fiscalía Anticorrupción había elevado ya en 2016 a 741 millones de euros el importe del fraude de los ERE provocado por los sucesivos Gobiernos andaluces socialistas entre 2000 y 2010.

El PSOE de la Junta de Andalucía, con pleno consentimiento de Ferraz, se había personado como acusación en el caso. Pero lo hizo para reventar el proceso y solicitar el archivo, tal y como ya ha publicado OKDIARIO.

El fiscal José Enrique Egocheaga, como consecuencia de todo ello, tuvo que eliminar una parte fundamental de su escrito de acusación, justo la relativa a las responsabilidades civiles, estimadas en aquel momento y de forma concreta en 741.596.545 euros que se les exigía a los ex altos cargos de la Junta acusados de malversación.

El fiscal tuvo que frenar en su intento de recuperar el dinero teniendo en cuenta que la Administración andaluza, como perjudicada directa por el robo de los ERE, era la que estaba legitimada para pedir las responsabilidades civiles en este juicio. El artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es rotundo sobre este aspecto: «La acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables». No la devolución del dinero robado.