Begoña quería usar el software para dar informes a las empresas para acceder a contratos públicos

Begoña Gómez reconoció que uno de los objetivos del polémico software desarrollado en el marco de su cátedra, y ahora bajo investigación judicial, era permitir a las pymes concurrir en mejores condiciones a los contratos públicos. Así se recoge en una de las reuniones de la comisión de seguimiento de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que la mujer de Pedro Sánchez dirige en la Universidad Complutense de Madrid. Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en la reunión, que se celebró el 27 de enero de 2022, Gómez expuso las actividades desarrolladas por la cátedra, incluyendo la puesta en marcha de la plataforma de «medición de impacto social» para pymes.

Al referirse a los fines de esta plataforma, la esposa de Sánchez admitió que uno de ellos era «emitir un informe no financiero, o memoria de sostenibilidad, ajustada a la normativa vigente». «Este reporte, si bien no es obligatorio, sí puede otorgar a las pymes un respaldo de cara a contrataciones, bien con el sector privado o el público».

Con ello, Gómez reconocía abiertamente que uno de los propósitos de este software era conectar a las empresas con las adjudicaciones públicas, entendiendo como tales también las promovidas por el Gobierno de Sánchez.

Además, la plataforma se concebía como una «red social» de pymes, de forma que las empresas pudiesen «ponerse en contacto con otros agentes de su entorno», tejiendo así «alianzas que multiplican el impacto».

«La plataforma incluirá pequeñas píldoras de formación para ayudar a las organizaciones a virar sus estrategias hacia en impacto Social y medioambiental», expuso Begoña ante la comisión.

«Apropiación indebida»

Esta plataforma está ahora siendo objeto de investigación judicial. Begoña Gómez está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras las cartas de recomendación que firmó para que su socio, el empresario Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en sendos contratos públicos de la entidad Red.es, que acabó llevándose.

Otra de las ramas de la investigación pretende esclarecer lo relacionado con este polémico software, pues la mujer del presidente socialista registró a su nombre una marca que ofrece a las pymes una plataforma con idéntico perfil que la desarrollada para la Complutense.

Es por ello que la universidad madrileña inició una investigación interna cuyas conclusiones fueron remitidas al juez instructor, Juan Carlos Peinado, en un informe en el que se instaba a investigar a Gómez por «apropiación indebida».

En el dosier, la Complutense explica las averiguaciones realizadas en torno a la plataforma, y concluye que éstas «no permiten a la universidad alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio, en particular, por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración».

Añade que: «Dada la falta de cooperación de determinadas participantes en relación a los hechos afectados por la cuestión, lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no pueda alcanzar, por sus propios medios, una conclusión más definitiva más allá de los indicios existentes», solicitando al juez que le permita personarse como parte agraviada si se confirman los «indicios» de apropiación indebida.

«Si de la investigación practicada en el órgano judicial existieran indicios concluyentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial de la Universidad Complutense de Madrid, se realice a esta administración pública el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado», sostiene el centro público.

En el escrito, se insiste además en la «falta de colaboración» de Gómez, aportando un correo remitido a la mujer de Sánchez el 11 de junio por la Complutense, al que ella contestó personalmente: «Buenas tardes. Le informo que he recibido el correo y estoy recabando la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo. Begoña Gómez». Sin embargo, la UCM, en su informe al juez, remarca: «A día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado».

Por otro lado, cabe recordar que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, está también imputado en la causa. En su declaración ante el juez, Goyache reveló que Gómez le llamó a través de su secretaria para mantener un encuentro en la Moncloa, en el que le explicó su proyecto de montar la cátedra. La reunión se celebró en julio de 2020 y, apenas tres meses después, se firmó el convenio para su creación. Gómez, pese a carecer de licenciatura, fue nombrada directora.