Begoña Gómez exigió ‘su’ software a la Complutense un mes después de registrar a su nombre la marca

Begoña Gómez reclamó a la Universidad Complutense de Madrid la contratación de un servicio para poner en marcha su polémico software apenas un mes después de haber registrado a su nombre la marca de una plataforma muy similar. La documentación remitida por la Complutense al juez Juan Carlos Peinado revela la memoria que, el 29 de noviembre de 2022, la propia Gómez firmó personalmente en la que se requiere «el apoyo de un proceso de asesoría-acompañamiento» para «evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora».

En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la mujer del presidente del Gobierno explica que la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirige en la Universidad Complutense de Madrid «dentro de su actividad, está liderando un proyecto de ideación y puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes».

«La plataforma requiere de un desarrollo tecnológico desde cero, por lo que hay involucrados diferentes perfiles de diferentes organizaciones. Se trata de un proyecto ambicioso y complejo, con multitud de actores y multitud de retos a nivel de concepto y a nivel tecnológico», concluye Gómez.

Este servicio iba destinado al desarrollo del polémico software para empresas que ahora se investiga. Begoña Gómez ofrece a través de una plataforma registrada a su nombre una herramienta que parece idéntica a la desarrollada para la Complutense y de su propiedad. Es por ello que la universidad madrileña ha abierto una investigación interna y ha entregado al juez sus conclusiones, pidiendo una investigación por el posible delito de «apropiación indebida» por parte de Gómez.

Registro de la marca

Se da la circunstancia de que, apenas un mes antes de solicitar este servicio para poner en marcha el software, Begoña Gómez había registrado a su nombre una plataforma prácticamente idéntica a la que era propiedad de la Complutense, y sin conocimiento por parte de la universidad.

En concreto, el 10 de octubre de 2022, Gómez presentó en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la «Plataforma de medición de Impacto Social y Medioambiental www.TransformaTSC.org».

Según el expediente, la esposa de Sánchez hizo la solicitud de registro usando su nombre y apellidos y el domicilio del matrimonio en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Por entonces, la plataforma universitaria ya estaba siendo desarrollada, de forma gratuita, por parte de distintas empresas -Indra, Telefónica y Google- que unos meses después darían por concluida su colaboración. La mujer de Sánchez se vio obligada a reclamar a la Complutense que completase el proceso con dinero público.

Facturas

En el dossier aportado al juez figuran tres facturas relacionadas con la plataforma, que corrieron a cargo de las arcas universitarias.

Por un lado, una presentada por la empresa Making Science Group S.A. por la prestación del «servicio de desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva», por importe de 24.200,00 euros, IVA incluido, que fue firmada por la propia Gómez.

Además, se destaca un contrato menor para un «Servicio de Consultoría y Asistencia para la Escuela de Gobierno-Cátedra de Transformación Social Competitiva» cuyo importe de adjudicación fue 18.148,79 euros, IVA incluido. Esta factura también fue firmada de forma digital por Gómez.

Una tercera factura lleva por objeto la «asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto en la Pequeña y Mediana Empresa». Se adjudicó a Deloitte Consulting por 60.500 euros a finales de 2023. 

Apropiación indebida

En el informe remitido por la Complutense al juez instructor se sugiere que, de la investigación desarrollada por la universidad, se aprecian «indicios» del delito de «apropiación indebida».

En el escrito se apunta que «dada la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta Universidad considera que no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes. Que todo ello se pone en conocimiento del órgano judicial a fin de hacerle partícipe del contenido de las actuaciones practicadas».

Igualmente, la Complutense solicita que «si de la investigación practicada por el órgano judicial existieran indicios conducentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial a la Universidad Complutense de Madrid (…) se realice el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado».

El escrito insiste especialmente en la «falta de colaboración» de Gómez. El pasado 12 de junio, la mujer de Sánchez se limitó a responder así, a través de correo electrónico, a la petición de documentación del juez:

Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/ documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones.

Un cordial saludo

Begoña Gómez

Según la Complutense, «a día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado».