Ayuso retrata la reducción de jornada de Yolanda Díaz: costará 29.000 € anuales a cada bar madrileño

La reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz es un lastre para los bares madrileños, una de las insignias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que desde la pandemia del Covid-19 ha legislado para evitar la quiebra de estos locales. La Comunidad de Madrid estima que esta medida, que la ministra de Trabajo quiere aprobar cuanto antes, tendrá un coste de 860 millones al año para los bares y restaurantes de la capital. O lo que es lo mismo: cada establecimiento tendrá que asumir un gasto extra de 29.000 euros.

Según los últimos datos publicados por la patronal hostelera de Madrid, en la región hay 29.840 empresas de hostelería. Si el coste de las mismas debido a la reducción de jornada a 37,5 las horas semanales es de 860 millones, esto supondrá que cada establecimiento hostelero tendrá que pagar, exactamente, 28.820 euros anuales.

Por otro lado, según los cálculos del informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentado el miércoles en Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto de Ley estatal, además de los hosteleros, los comerciantes también tendrán que hacer frente a 1.775 millones de euros anuales.

Esto refleja que ambos sectores son los más afectados del tejido productivo madrileño por la medida. Entre ambos tendrán que pagar un total de 2.635 millones de euros al año.

La reducción de jornada ha contado desde el principio con el rechazo frontal del Ejecutivo autonómico a esta normativa. El Gobierno de Ayuso considera que lo que España necesita es mayor «competitividad y productividad» y entiende que una reducción de la jornada puede ir en contra de los autónomos y las pymes que forman la mayor parte del tejido productivo español, dando empleo más del 90 % de los trabajadores.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto tramitar de urgencia la reducción de jornada la próxima semana. Las consecuencias para los comerciantes y hosteleros, al tratarse de dos actividades que en la actualidad representan el 17,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, con cerca de 800.000 trabajadores en activo, serían «nefastas» dice el Gobierno regional tanto para «la primera economía de España, la madrileña, como para el resto del país».

Si se suman todos los sectores productivos que podrían verse finalmente afectados, dice el documento, el coste total de implementar la reducción de la jornada rondaría los 4.000 millones de euros, el equivalente al 1,38 por ciento del PIB madrileño.

Según este documento elaborado por la Comunidad de Madrid, se trata de una imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa.

Además, esta futura Ley del Gobierno central genera inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, y las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España, ha dicho el portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín.

En este sentido, el consejero de presidencia ha pedido que «se escuche a los interlocutores sociales» para que «las empresas no sean las que paguen los platos rotos una vez más».

El informe también recuerda que, con la legislación actual, ya pueden reducirse las horas semanales por debajo de ese máximo legal de 40 horas y, de hecho, enumeran más de un millar de convenios colectivos donde ya está establecido un horario de trabajo de 37,5 horas semanales.

La Consejería que lidera Rocío Albert ha mandado un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, con todas las alegaciones del Gobierno madrileño al anteproyecto Ley. Además, los servicios jurídicos de Madrid estudiarán si cabe cualquier tipo de recurso a la medida.

El Gobierno regional también ha recordado al ministerio de Yolanda Díaz que el nuevo texto estatal carece de un análisis serio y riguroso del impacto económico, las cargas administrativas o las consecuencias organizativas que puede generar, especialmente para pymes y autónomos, que son quienes más sufrirán sus efectos nocivos.