La orden que delata cómo la trama de Zapatero disfrazaba los sobornos de asesorías: «Quita la palabra comisión»

Una sola orden, dada de forma oral y ejecutada por escrito, ha permitido al magistrado José Luis Calama reconstruir el método con el que la red liderada por José Luis Rodríguez Zapatero ocultaba la verdadera naturaleza de sus pagos. El 26 de mayo de 2022, Cristóbal Cano, gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez, escribió al abogado Santiago Fernández Lena para pedirle que eliminara del borrador de un contrato con Grupo Aldesa la palabra «comisión», por indicación expresa del propio Martínez Martínez.

Lo que no podía llamarse por su nombre tenía que disfrazarse de asesoría. El auto de este martes consultado por OKDIARIO considera ese gesto un indicio de la conciencia que los investigados tenían sobre la ilicitud de sus operaciones.

El contrato en cuestión vinculaba a Grupo Aldesa, una gran constructora española, con Idella Consulenza Strategica, sociedad propiedad de Martínez Martínez. Su objeto declarado era «la búsqueda de oportunidades de negocio y su intermediación», con una contraprestación fijada inicialmente en un porcentaje sobre el valor de cada operación.

El documento original había sido suscrito el 1 de octubre de 2021. Meses después, el 1 de abril de 2022, se identificó una oportunidad concreta: el proyecto «Hard Rock» en Tarragona, valorado en 2.000 millones de euros. Las comisiones que Idella podría haber cobrado por intermediar en ese negocio ascendían, según las adendas firmadas, al 3% del valor total del contrato, esto es, hasta 60 millones de euros.

Aldesa, Zapatero y el Hard Rock

Para fijar ese porcentaje se firmaron dos adendas sucesivas. La primera, de fecha 6 de abril de 2022, estableció la horquilla entre el 1% y el 3%. La segunda, suscrita el 9 de mayo de 2022, lo fijó definitivamente en el 3%. El 24 de mayo, Fernández Lena remitió a Cano y a Enrique Iranzo un nuevo borrador del contrato entre Idella y Aldesa con idéntico objeto y esa misma remuneración. Dos días después llegó la instrucción: que desapareciera la palabra «comisión» del texto.

El magistrado Calama considera que esa orden no es un detalle menor. La interpreta como la constatación de que «este tipo de operativa se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento, con la finalidad de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones».

El patrón, subraya el auto, «reproduce el observado en otras sociedades y refuerza la existencia de una estrategia orientada a ocultar o disfrazar pagos de distinta naturaleza».

Contratos sin pago real

La Unidad de Investigación Financiera (ONIF) ha confirmado que, pese a la batería de contratos y adendas, no consta ningún pago efectivo de Grupo Aldesa a Idella Consulenza Strategica. Los contratos descritos, por tanto, podrían no haberse materializado nunca en transferencias reales, al menos en España.

Sin embargo, el juez no descarta su relevancia indiciaria. El mismo Martínez Martínez había dado instrucciones para constituir en Dubái la sociedad Landside Dubai Fzco, participada al 100% por Idella, con la posibilidad explícita de canalizar a través de ella el cobro del 1% del rescate de Plus Ultra, equivalente a 530.000 euros. La arquitectura societaria estaba lista. Sólo faltaba que el dinero fluyera.

El léxico de la impunidad

La red contaba con su propio idiolecto, un vocabulario propio diseñado para que las conversaciones y los papeles no delataran su contenido real. Los pagos por influencias se llamaban «asesorías». Las comisiones se convertían en «honorarios» e «intermediación». Los sobornos eran, en realidad, «mordidas» solo en las conversaciones privadas que los investigados creían a salvo de cualquier intervención.

En los contratos con Plus Ultra, Softgestor o Grupo Aldesa, el objeto declarado era siempre el mismo: «Entrega de un informe mensual sobre las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo». Documentos de una extrema pobreza argumentativa. Algo genérico que podía justificar cualquier pago hinchado de mordidas.

El auto documenta que Análisis Relevante SL, la sociedad formal de Martínez Martínez, recibió en total más de 941.000 euros de Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva. De esa cantidad, 490.780 euros acabaron en la cuenta personal de Zapatero y otros 239.755 euros en Whathefav SL, la empresa administrada por sus hijas.

Los colaboradores de Zapatero borraron mensajes, eliminaron palabras comprometedoras de los contratos y construyeron un laberinto de sociedades para que el dinero llegara sin dejar huella visible. La instrucción ha tardado años en desandarlo. Ahora, cada documento intervenido es una palabra que la trama no pudo borrar a tiempo.