El Supremo da la razón a Ayuso por exigir a un mexicano ilegal los gastos de la asistencia sanitaria que recibió

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que la Comunidad de Madrid tenía derecho a exigir a un ciudadano de nacionalidad mexicana que entonces no estaba registrado en España como residente legal el importe de los gastos de asistencia sanitaria que le fueron prestados en 2021.

Así lo ha dictaminado el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia dictada este miércoles. 

La decisión del Alto Tribunal se fundamenta en la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en la versión aplicable al caso –a partir de la redacción dada a la Ley en 2018– que reconoce a todos los extranjeros que encontrándose en España no tengan su residencia legal en nuestro país, con independencia de su situación personal o de cualquier otra consideración, el derecho a recibir asistencia sanitaria en España, en las mismas condiciones que quienes ostentan nacionalidad española.  

Sin embargo, para que esa asistencia sanitaria sea con cargo a los fondos públicos, en este caso de la Comunidad de Madrid, la ley exige que tales extranjeros que no residen legalmente en España acrediten que cumplen determinados requisitos que la propia ley establece. Y en el asunto examinado no constaban acreditados cuando esa atención médica le fue prestada, concluye el Supremo.

En la sentencia también precisa que la regulación legal tenida en cuenta es anterior al vigente Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, de reciente aprobación, que no es, por lo tanto, aplicable al caso.

La decisión del Pleno se ha aprobado por mayoría de 19 magistrados frente a 12. El Supremo ha adelantado este miércoles el sentido del fallo, pero la resolución se conocerá en los próximos días.  

Regularización masiva

Recientemente, el Supremo también ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de la regularización masiva de inmigrantes, que supone un coladero de delincuentes, incluso por delitos muy graves,  según advierten los propios policías.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado en el recurso como medida cautelar la suspensión del Real Decreto de la regularización.

El Gobierno madrileño sostiene en su recurso que la regularización masiva urdida por el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos «afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios, contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional».

Frenar este «disparate»

«Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir en este caso este Real Decreto», declara Ayuso.

Y destaca que de ningún modo la Comunidad de Madrid «va a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad». «Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este Gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, también el reparto ilegal de menores, todo lo que está intentando hacer el Gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden», afirma la presidenta madrileña.

Y hace hincapié en que «el mensaje no puede ser ante los ojos del mundo que España es barra libre».

«Si seguimos trabajando de la misma manera como venimos haciendo en estos años, nos vamos a convertir una confederación de países aplastados, no sólo España sino el resto de la Unión Europea, por el Estado para sufragar subvenciones, pensiones y empleos públicos. El talento joven, las empresas y las inversiones nos van a abandonar y lo vamos a pagar por muchos años», sostiene.