La ex concejal investigada por las VPP de Alicante declara no saber si su suegro está empadronado allí

Rocío Gómez, la concejal de Urbanismo de Alicante que tuvo que dimitir tras descubrirse que era adjudicataria de una vivienda de protección pública en la urbanización Les Naus, las conocidas como las VPP del escándalo, ha declarado no saber si su propio suegro, adjudicatario también y con quien supuestamente permutó una vivienda en esa misma urbanización, está empadronado en esa misma promoción. Así se desprende del testimonio prestado este miércoles por la ex edil ante la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, que dirige las diligencias previas en torno a este caso.

El pasado mes de abril de este año 2025, la juez emitió un auto en que citaba a declarar este miércoles a 15 personas en calidad de investigadas en relación con el caso Les Naus. Y, entre ellas, a la citada ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital de la provincia, Rocío Gómez; la ex directora general de Recursos Humanos, María Pérez Hickman, un arquitecto municipal, el administrador de la cooperativa y el jefe de sección de Vivienda Protegida de la Consellería de Vivienda. Todas las citaciones fueron acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Con anterioridad, el pasado 8 de mayo, estaban citadas a declarar siete personas en calidad de testigos. Y, entre ellas, tres técnicos municipales. Estos últimos no acudieron a esa declaración. Y la juez envió a la Policía con una nueva citación a cada uno de ellos para este miércoles. Este hecho ha motivado un importante retraso en las declaraciones de todos los investigados, excepto uno, el arquitecto municipal Francisco Nieto, que lo ha hecho mediada la mañana.

Quien ha cerrado ese turno de mañana, ha sido, precisamente, Rocío Gómez. La edil había dimitido el pasado 30 de enero tras estallar el escándalo de las adjudicaciones de una promoción de vivienda pública. Figuraba en la relación de adjudicatarios de las citadas viviendas. 

En su declaración de este miércoles ante la juez, Rocío Gómez ha manifestado, según las fuentes consultadas, que conoció la existencia de la citada promoción de VPP a través de su propio marido a finales de 2018. Y que el 21 de diciembre de ese mismo año, ambos se apuntaron en la cooperativa que impulsaba las viviendas. Es decir, que cuando se inscribió no era concejal, condición que adquirió a partir de junio de 2023, tras las últimas elecciones locales hasta la fecha. Fue a principios de 2022 cuando ambos dieron la entrada para la vivienda, según ha revelado a la juez.

También ha sostenido que antes de ser concejala no tenía información acerca de la citada promoción por parte del Ayuntamiento de Alicante. Y que no tiene relación con los hijos de la directora general de Recursos Humanos del consistorio dimitida, María Pérez-Hickman. Una pregunta que se fundamentaba en el hecho de que dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman figuran como adjudicatarios de esa misma promoción de vivienda pública.

Sin embargo, Rocío Gómez ha manifestado en sede judicial también que no recordaba que se le hubiera informado de la promoción de viviendas cuando ya era concejal. Ni que el gestor de la promotora de las viviendas mencionadas reivindicara modificaciones del contrato ni que se hubiera reunido con él. 

Pero, con todo, lo más destacado es que Rocío Gómez ha declarado no saber si sus suegros, con quienes supuestamente intercambió una vivienda por otra en la misma urbanización. Y que eran, por tanto, adjudicatarios, estaban empadronados allí.

Esta última circunstancia ha provocado la reacción de las acusaciones particulares de Ciudadanos y del PSOE, que ha destacado que Rocío Gómez «tiene una amnesia galopante», porque, además, según han manifestado estos últimos, la ex edil de Urbanismo de Alicante tampoco recordaba «si había mantenido alguna reunión con el gerente de la promoción ni con el personal de Patrimonio (municipal)».

Una cuestión también importante, por cuanto la responsable del área municipal, Patrimonio, que ha declarado antes que Rocío Gómez, había manifestado a la juez que la concejal fue advertida de lo que sucedía el 15 de enero. Y que desde Patrimonio se le recomendó que comunicara al alcalde, Luis Barcala, lo que sucedía.