La Audiencia sospecha que Podemos destinó «en beneficio de algunos» las donaciones para fines sociales

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el que reabre la investigación por la presunta Caja B de Podemos explica de forma lapidaria que «una vez practicadas las gestiones acordadas, su resultado, lejos de desvanecer el fumus boni iuris (Ley del humo), han venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito». La Audiencia también sospecha que el dinero de esa supuesta Caja B se utilizó «en beneficio de algunos».

Los magistrados Carlos Martín, Juan José Toscano y Fernando de la Fuente constatan que la asociación #404 Comunicación Popular, vinculada al diputado en el Congreso Rafael Mayoral, solicitó 50.000 euros a la autodenominada Caja de Solidaridad de Podemos y que ésta le transfirió 30.000 euros, mediante tres transferencias entre septiembre de 2019 y junio de 2020.

Este hecho, la petición de dinero por parte de una cooperativa asociada a Mayoral, fue la clave de la denuncia interpuesta por José Manuel Calvente, el letrado de Podemos purgado por investigar las finanzas de la formación.

Como uno de los motivos de reapertura del caso, aseveran los magistrados que está el hecho de que en la empresa vinculada a Mayoral, también forman parte de esta nombres como José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua todos ellos «miembros del partido político Podemos. Algunos de con cargos relevantes dentro del partido».

En un punto de gran relevancia jurídica, el auto explica que, más allá de que esa empresa esté formada por personas del propio partido, «Podemos no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros».

Ley de Partidos

Por tanto, así las cosas, «es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Ley Orgánica de Partidos Políticos del año 2002 y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos del 2007, para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos».

En su demoledor auto, los tres magistrados explican que todavía resta por conocer «el destino de esas cantidades, así como, en su caso, la persona o personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores».

Es por estos motivos que la Sala procede estimar los recursos que solicitan la reapertura de esta parte de la investigación judicial, pues cualquier otra respuesta, no solo infringiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que colocaría a los recurrentes, Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, «en situación de indefensión, por negación de su derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española».

La denuncia

La investigación judicial de la supuesta ‘Caja b’ comenzó tras la denuncia del abogado de Podemos, José Manuel Calvente, ante la Guardia Civil. El letrado fue purgado tras comenzar a investigar los presuntas irregularidades en las finanzas de la formación liderada por Pablo Iglesias.

De hecho, Calvente había sido despedido por comenzar esa investigación. En su denuncia explicaba que sospechó de la existencia en Podemos de una Caja B -denominada con el eufemismo de Caja de solidaridad- que fue creada en 2018 por iniciativa de otro de los líderes de Podemos, Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular del partido.

Según el Reglamento interno del partido político, dichos fondos económicos procedían de las donaciones mensuales de los cargos públicos estatales de la formación. El reglamento también explicitaba que estos debían destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».

Sin embargo, José Manuel Calvente detectó, tal y como consta en su denuncia ante la Guardia Civil, una petición sospechosa de 50.000 euros por parte de esta asociación de la que no consta fecha de constitución, razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero a nombre de esta entidad.

Así pues, el letrado posteriormente purgado señaló que, tras ·investigar en Internet a #404 Comunicación Popular descubrió que la misma parecía estar controlada por Cristian Luis Navarro Marrero, que curiosamente trabaja como asistente local (en España) de la agrupación de Podemos en el Parlamento Europeo. Aseveró José Manuel Calvente que Navarro Marrero está ·vinculado a la eurodiputada Idoia Villanueva Ruiz·. Pero el ex abogado de Podemos denunció que en realidad su actividad laboral era servir a Rafael Mayoral, a quien acompañaba en sus desplazamientos como, por ejemplo, en un viaje a la ciudad brasileña de Sao Paulo el día 21 de noviembre 2019, tras las elecciones de noviembre en ese país.