La Audiencia condena a UGT a devolver más de 90.000 € por «irregularidades» al ejecutar una subvención

La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado al sindicato UGT a devolver más de 90.000 euros de una subvención estatal para campañas de prevención de riesgos laborales por «irregularidades graves». Tal como adelanta OKDIARIO, la Sección Decimoctava de la Audiencia madrileña ha estimado el recurso presentado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) contra una sentencia previa y ha condenado a la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT a devolver 90.210,13 euros correspondientes a una subvención recibida en 2012 para una campaña informativa sobre prevención de riesgos laborales.

La sentencia revoca la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid que había desestimado inicialmente la demanda de la FPRL por considerar que había caducado el plazo para reclamar. La Audiencia Provincial, sin embargo, ha determinado ahora que el plazo era de prescripción y no de caducidad, por lo que las diversas actuaciones y requerimientos realizados por la fundación interrumpieron dicho plazo.

Los hechos se remontan a una convocatoria de asignación de recursos promovida por la FPRL, una fundación del sector público estatal ligada al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que se dedica a financiar programas destinados a fortalecer el papel de los interlocutores sociales en la mejora de la salud y seguridad laborales. La campaña en cuestión, denominada «Campaña Informativa para la prevención de Riesgos Laborales en el Sector del comercio, en las comunidades autónomas Madrid-Castilla la Mancha», fue ejecutada por UGT.

Durante las actuaciones de fiscalización y control llevadas a cabo por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, se detectaron «graves irregularidades» en los partes de visitas presentados por el sindicato. Según declaró en el juicio una testigo que participó en la revisión económica y técnica de la acción, de los 410 partes de visitas analizados, se encontraron dos tipos de irregularidades significativas: en 12 partes, las fechas y horas de realización por el mismo visitador coincidían en lugares distintos, siendo imposible el desplazamiento en el tiempo indicado; y, además, en 22 partes aportados por el sindicato mediante fotocopia diferían de los originales proporcionados por la patronal.

Estas irregularidades, que afectaban a un 8% del total de partes, fueron consideradas suficientemente graves como para justificar la reclamación de la totalidad de la ayuda. GT no logró desacreditar esos incumplimientos durante el proceso judicial. El único testigo aportado por el sindicato, que era el responsable y coordinador de las acciones formativas, admitió no haber participado directamente en las visitas y señaló que las horas consignadas en los partes eran «orientativas».

La sentencia, que impone además las costas del proceso a UGT, se basa en jurisprudencia previa del Tribunal Supremo que establece que el reintegro de una subvención por incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario debe considerarse como una condición resolutoria del acto administrativo de otorgamiento. Como señala el tribunal, «la subvención responde a la finalidad de intervenir la Administración a través de unos condicionamientos libremente aceptados por el beneficiario».

La cantidad total a devolver asciende a 90.210,13 euros, de los que 73.797,71 euros corresponden al principal y 16.412,42 euros a intereses, más los intereses legales adicionales que se generen. La sentencia es firme, aunque cabe la posibilidad de interponer recurso extraordinario de casación si se cumple alguno de los supuestos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Más subvenciones

En este contexto de irregularidades en las aportaciones estatales a UGT, el Gobierno de España, de PSOE y Sumar, dispara las subvenciones públicas a UGT y CCOO. Por ejemplo, como informó OKDIARIO, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, incrementará las subvenciones a los sindicatos hasta los 32 millones de euros en 2025 por representación sindical, lo que supone un aumento del 263% respecto a los 8,8 millones que se otorgaban durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Este incremento contrasta con una inflación del 16% desde 2020.

La evolución de estas ayudas muestra un aumento progresivo: 13,8 millones en 2021, 17 millones en 2022 y 2023, hasta alcanzar los 32 millones previstos para 2025. Adicionalmente, los sindicatos reciben otros 17 millones para actividades sindicales, lo que elevó el total a 34 millones en 2024 y 30,8 millones en 2023, sin contar las subvenciones para formación.

Sin transparencia

Este incremento en las subvenciones se produce mientras los principales sindicatos, UGT y CCOO, no cumplen con los requisitos de la Ley de Transparencia, que exige la publicación periódica de cuentas a todas las instituciones que reciben fondos públicos. UGT, liderado por Pepe Álvarez, sólo publica información básica sobre sus programas y subvenciones recibidas, mientras que CCOO, dirigido por Unai Sordo, proporciona datos aún más limitados, habiendo dejado de publicar sus memorias anuales detalladas desde 2020.

Esta situación contrasta con la transparencia mostrada por la patronal CEOE y otros sindicatos como CSIF, que sí publican desgloses detallados de sus cuentas. Cabe destacar que el aumento en las subvenciones coincide con el respaldo de UGT y CCOO a las reformas laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo, como la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.