El apoderado de la empresa fantasma a la que Podemos desvió dinero dirige una ‘offshore’ en Panamá

El apoderado de la empresa fantasma donde acabó parte del dinero de la campaña electoral de Podemos de 2019 dirige una empresa ‘offshore’ radicada en Panamá. Se trata Marco Antonio Torres Rico, responsable de Creative Advice Interactive Group SA, una sociedad que está siendo investigada en México y en España por recibir fondos del partido de Pablo Iglesias.

Tal como se indaga en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Podemos desvió 308.257 euros a esta empresa mexicana a través de contratos sospechosos con la empresa Neurona Comunidad SL. En este punto, como publicaba OKDIARIO este miércoles, la Unidad de Inteligencia Financiera de México ha abierto una investigación a Creative Advice Interactive Group SA, registrada en un domicilio particular y que no tiene experiencia en campañas electorales. El apoderado legal que firma los contratos de esta compañía que aún constan en internet es Marco Antonio Torres Rico, que figura como «director» en la documentación de la ‘offshore’ Panamerican Practical Solutions SA.

Como quedó de manifiesto al estallar el escándalo de Los Papeles de Panamá, muchas de estas sociedades radicadas en este ex paraíso fiscal servían para pagar menos impuestos, blanquear dinero, ocultar propiedades o encubrir actividades ilícitas. En 2011 el país dejó de engrosar la lista de paraísos fiscales.

Esta empresa opaca fue constituida en 2013 en la capital panameña por 10.000 dólares como capital social, según figura en el Registro Público de Panamá que se puso en marcha tras la controversia generada por la filtración en Mossack Fonseca que desveló los negocios sucios de cientos de personas públicas de todo el mundo. Así lo ha desvelado el periódico mexicano Ejecentral y ha confirmado OKDIARIO consultando la base de datos oficial.

Esta empresa Panamerican Practical Solutions SA tiene el objeto social más amplio posible. Para poder justificar negocios en todo tipo de sectores, la escritura de constitución enumera un listado de más de 40 puntos con actividades que van desde «intermediaciones mercantiles y cualquier tipo de negociaciones, acuerdos, contratos y convenios», a «la impartición de cursos que tengan como finalidad el pleno desarrollo del ser humano desde el ámbito educativo», pasando por tareas de organización de eventos, seguros o préstamos. Por último, por si fuera poco, agregan: «Además de los fines expuestos, la sociedad podrá llevar a cabo cualquier actividad lícita esté o no contemplada en este objeto».

Por otra parte, en el Registro de Panamá esta empresa en 2019 recibió una «solicitud de corrección». Las autoridades del país advierten a la sociedad  que «en cumplimiento de la Ley, esta sociedad quedará disuelta definitivamente en dos años». Recuerdan la obligación de designar un agente residente en Panamá antes de «90 días tras la renuncia del anterior». Por tanto, ante la incomparecencia de sus responsables la SA figura con el status de sociedad «suspendida» aunque su vigencia es «perpetua».

Otro vínculo

En todo caso, no es el único lazo con el país caribeño que existe en esta investigación. La primera de las empresas a la que va el dinero electoral de Podemos (Neurona Comunidad SL) también tiene vínculos con Panamá. Como desveló OKDIARIO, el abogado sevillano que inscribió esta empresa en el Registro Mercantil de nuestro país también figura en el largo listado de nombres de Los Papeles de Panamá que se filtraron del bufete de abogados panameños Mossack Fonseca.

Este hombre ya ha sido llamado a declarar por el juez Juan José Escalonilla. Defiende que únicamente se encargaba en la compañía, hasta que dejó el cargo, de «la gestión de la sociedad en España desde la perspectiva legal, fiscal y contable». Por ello recibió comisiones hasta incluso después de dejar el puesto en el Registro.

Imputados

En esta causa están imputados el partido Podemos como persona jurídica; el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, dircom y estrecho colaborador de Pablo Iglesias y encargado de las campañas electorales; el tesorero del partido, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Esther Val.

La principal sospecha pasa por confirmar presuntos delitos de fraude electoral (artículo 149.1 de la Ley Electoral) y de falsedad en documento mercantil (artículos 392.1 y 390.1 del Código Penal). Así consta en un escrito elaborado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El caso se centra en que Podemos contrató a Neurona Comunidad SL antes de que existiera legalmente en España en el Registro Mercantil. Por tanto, elaborar facturas a nombre de una empresa inexistente en ese momento podría acarrear irregularidades a nivel legal. Posteriormente la confirmación de que esos más de 300.000 euros acabaron en una empresa ‘fachada’ radicada en una barriada de Jalisco (México) acentúan los recelos de los investigadores.

Por otra parte, el fundador de la empresa matriz (Neurona Consulting SL), César Hernández Paredes, admite en un mensaje en Facebook que gracias a los fondos obtenidos en Bolivia por contratos facilitados por Evo Morales pudo financiar a partidos «progresistas» escasos de liquidez en otras latitudes. Precisamente, a continuación, el nombre de su compañía apareció ligado a Podemos. De confirmarse podría constituir financiación irregular, ya que en España está prohibido aceptar fondos procedentes de otros países para pagar campañas electorales.

OKDIARIO ha contactado con las diferentes empresas involucradas en esta trama pero por el momento han declinado ofrecer aclaraciones sobre el caso.