La amnistía de Sánchez fulmina la Estrategia contra el Terrorismo que él mismo aprobó en 2019

La Ley de Amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo -que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria- supone una vulneración de la propia Estrategia contra el Terrorismo, aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2019, en la que, entre otros puntos, se advierte del necesario apoyo al trabajo de los jueces y se exigen medidas para garantizar la «puesta a disposición judicial» de los terroristas.

Este documento constituye el marco de referencia unificado y actualizado «para prevenir, combatir y contrarrestar la amenaza que representan el terrorismo y el extremismo violento contra los ciudadanos y los intereses españoles», según recoge el departamento de Seguridad Nacional. Compila las actuaciones necesarias, a todos los niveles, para garantizar la seguridad de los españoles frente a uno de los grandes retos de nuestros días.

CDR y Tsunami

La Ley de Amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el separatismo, sin embargo, deja impunes los delitos de terrorismo cometidos en el contexto del proceso independentista catalán. El texto de la norma es deliberadamente enrevesado en este punto: recoge como «exclusiones» los «actos tipificados como delitos de terrorismo» pero luego matiza que «siempre y cuando haya recaído sentencia firme». Se da la circunstancia de que en ninguna de las causas en las que se investiga el terrorismo -los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami Democràtic- hay por ahora condenados, lo que implica que, cuando la ley entre en vigor, la Audiencia Nacional debería archivar el procedimiento.

Por ahora, estos procesos siguen en marcha. A principios de noviembre, el juez acordó la apertura de juicio oral para los 12 integrantes de los CDR procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Se trata de una célula integrada por individuos «con gran radicalidad y que pretendían, a través de la violencia, conseguir la independencia de Cataluña». Los investigadores concluyeron «su naturaleza como organización criminal con finalidad terrorista, de la que reúne todos los elementos».

«El objetivo final de la organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña», recogió la Guardia Civil.

Por otro lado, la investigación a Tsunami Democràtic también sigue su curso. Como ha publicado este periódico, el Tribunal Supremo continuará con la causa hasta que la amnistía tenga que aplicarse. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pidió la semana pasada al Supremo que investigara, entre otros, al ex presidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, destacando que sobre ambos «existen indicios de la participación en la comisión» de actos «susceptibles de integrar un delito de terrorismo».

En su exposición, el juez explica al Supremo que Puigdemont se situaría en el «vértice más alto de la organización» de Tsunami y que existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de sus acciones. Según el magistrado, la gravedad de los hechos y su complejidad encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea. Para justificarlo, añade que los informes remitidos por los Mossos han revelado el uso de artefactos, sustancias y armas, lo que denota la «extrema violencia» de los radicales: «Se habla del empleo de piedras de gran tamaño provenientes de arrancar el mármol y el granito del suelo y presentaban aristas cortantes; hierros de 2 metros de largo proveniente del vallado del edificio; vidrios provenientes del rompimiento de las estructuras del edificio; pirotecnia de gran potencia, extintores vacíos, carros portamaletas, maderas, cristales, vallas, palés, piezas metálicas…», enumera el magistrado en un extenso documento.

Los terroristas ante el juez

La Estrategia contra el Terrorismo, que fue actualizada bajo el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, advierte que «la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento debe estar basada en un modelo robusto fundamentado en la unidad de los partidos políticos, la actuación eficiente y coordinada de la Administración, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia, el trabajo de jueces y fiscales, la cooperación internacional, así como el compromiso de la sociedad española, con el apoyo y asistencia integral permanente a las víctimas del terrorismo, con el respeto a su dignidad y memoria como fundamento». Precisamente, Sánchez pretende impedir con su amnistía que los jueces desarrollen su labor.

Entre sus objetivos principales, se reseña además que «para hacer frente a la actividad terrorista y el extremismo violento» es preciso «detectar e investigar a los terroristas y extremistas violentos, de forma integral y global, impidiendo la planificación y ejecución de sus acciones, actuando también contra sus redes de apoyo, logística y financiación, y asegurando su puesta a disposición judicial».