El abogado de Rull, Turull y Sánchez: «En Cataluña hay paz. Las protestas no son alzamiento»

Nadie percibió en Cataluña el «clima insurreccional» del que habla la Fiscalía en su escrito de conclusiones definitivas, asegura el abogado Jordi Pina ante el tribunal. El letrado que defiende a los exconsejeros Rull y Turull y al expresidente de la entidad separatista ANC, Jordi Sánchez, sostiene en su alegato que para poder imputar a los acusados el delito de rebelión es necesario que se produzca un «alzamiento público» que no se dio en el período objeto de juicio al ‘procés’.

En contra de lo expuesto por el fiscal Javier Zaragoza, Pina señala que «la resistencia pasiva de los ciudadanos es incompatible» con el tipo previsto en el Código Penal. «En Cataluña hay paz. Los acusados son hombres de paz», sostiene en la Sala «por mucho que se empeñen en lo contrario» y se refiere a las declaraciones del coronel Baena durante su testifical. Pina está convencido de la «inequívoca voluntad de paz» del pueblo catalán y por ello reprocha a Zaragoza que en su intervención dijera «grandilocuentemente, y para jolgorio de los medios de comunicación, que estábamos ante un golpe de Estado».

El delito como tal no existe en el Derecho español. El ordenamiento, recuerda el letrado, se refiere expresamente a «rebelión y sedición». Dos escenarios que no se ha producido en ningún momento porque si hubiese sido así «¿se permitiría sin el más mínimo incidente que miles de contrarios a la independencia puedan libremente manifestarse por las calles de Barcelona?», se pregunta en voz alta.

«Hubo escupitajos y lanzamiento de alguna valla. ¿Es esa la violencia necesaria para doblegar al Estado?» se pregunta Jordi Pina en la Sala. 

«Nadie entiende un delito de rebelión sin promotores, sin subalternos y sin meros participantes», abunda. Ni siquiera el rey que, en opinión de Pina y con todos sus «respetos», en su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después de la jornada del referéndum ilegal, no habló de rebelión sino de «situación de violencia».

El abogado de Sánchez, Rull y Turull considera que la carga de la prueba, que recae sobre la acusación, ha quedado vacía de toda evidencia de peso. La Fiscalía no ha sido capaz de demostrar que se recurriera a la violencia para conseguir la separación de Cataluña, «una parte del territorio de un país», de España, «ese territorio». Según la percepción de Pina y tras escuchar a los testigos del Ministerio Público hubo «escupitajos, lanzamiento de alguna valla y algún discapacitado que lanza unas patadas».»¿Es esa la violencia necesaria para doblegar al Estado? Válgame Dios», ha dicho.

Reniega, en igual medida, de la sedición, un delito que, a su juicio, también comporta una violencia que no se produjo y que tiene como «uno de los elementos nucleares» el impedimento a que se cumpla una orden: «¿Hay algún tuit de alguno de mis clientes incitando a algún ciudadano a impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad? No encontrará ni uno», afirma en la Sala. Y aprovecha la oportunidad para afear a la Fiscalía que, en cualquier caso, no preguntase por los mismos a sus defendidos cuando tuvo la ocasión porque «se sometieron voluntariamente a un interrogatorio leal».

Ni rastro de malversación 

«Se lo juro. Créanme. Ni en las obras del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), ni en la campaña del ‘registro de catalanes’ en el exterior, ni en la web ‘Pacte pel referendum’ hubo desvíos de fondos» asegura el abogado Pina.

Como tampoco lo hubo, ha recalcado, en el anuncio de las vías del tren asociado por la Fiscalía a la campaña ‘Civisme’ y difundido por medios públicos catalanes, «que no tienen nada que ver», insiste Pina dirigiéndose expresamente a la fiscal Consuelo Madrigal, mientras gesticulaba con las manos una petición de clemencia.

Lo de ‘Unipost’, ha ironizado el letrado, «es para comer aparte» porque, además de que a su juicio el registro policial de la empresa postal fue irregular, en realidad el servicio «no se prestó», ni hubo «encargo, ni factura, ni pago, ni compromiso de gasto». «No es verdad que los ciudadanos recibieran cartas indicando que iban a ser presidentes de mesa, no es cierto, no se ha articulado ni una prueba», añade.

Pina se reafirma en que los propios testigos de la Fiscalía «han desmentido la tesis de la acusación» y ha añadido que la fiscal Consuelo Madrigal fue injusta en su informe cuando acusó a los exconsejeros de «hacer de la Generalitat su propio cortijo».