La ministra de Hacienda mantuvo el impuesto de Actos Jurídicos más alto siendo consejera en Andalucía

La ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo el polémico impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en su tipo más alto, el 1,5%, durante su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. La comunidad, junto a Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y Murcia, son las que aplican el porcentaje de gravamen más elevado.

Montero fue nombrada consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía el 9 de septiembre de 2013, y asumió, sin aparentes problemas, la subida del impuesto que el gobierno autonómico había aprobado unos meses antes. En concreto, en septiembre de 2012, cuando el Ejecutivo andaluz modificó, por la vía del decreto-ley, diversas normas con trascendencia tributaria. Entre ellas, elevar el tipo general para los actos jurídicos documentados al 1,5%.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados quedó fijado durante el gobierno de Felipe González. Andalucía, Aragón o Comunidad Valenciana, todas socialistas, aplican el tipo más alto

El gobierno socialista de Andalucía aprobó en esos años sucesivas subidas de este impuesto, de hasta el 50%. Antes de la última reforma, el tipo estaba en el 1,2%, según el decreto-ley de 23 de diciembre de 2011 que lo había elevado ya desde el 1%.

Más de 1.600 millones 

La ahora ministra de Pedro Sánchez no solo no modificó el impuesto, sino que, a través de él, recaudó más de 1.600 millones de euros durante su etapa al frente de la Consejería de Hacienda (considerada la cifra total, no solo la referida a las hipotecas). 

En concreto, en los primeros tres meses tras su llegada al cargo, la recaudación ascendió a casi 75 millones. En 2014, fue de 292 millones; de 320 millones en 2015; 340 en 2016; 389 en 2017 y 199 millones hasta junio de 2018, cuando fue nombrada para el Ejecutivo socialista.

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados constituye una importante vía de recaudación para las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias de este tipo de tributos. No solo grava la firma de hipotecas, como es el caso más polémico de estos días, sino que se paga siempre que se suscribe un documento notarial con cuantía económica que luego se inscribe en el Registro.

Es, en concreto, uno de los tres impuestos que hay que pagar cuando se compra una vivienda, junto con el IVA y el impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El gravamen varía considerablemente según las regiones: las comunidades que aplican un tipo del 1,5% son Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia; con el 1,25% figura Castilla-La Mancha, y con el 1,2%, Asturias, Baleares y Extremadura. Canarias, Cantabria y La Rioja aplican un 1 %, y por debajo de esta tasa, Madrid, con el 0,75% y Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco, el 0,50%.

Un impuesto de Felipe González

El impuesto de Actos Jurídicos Documentados quedó fijado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 -durante el mandato de Felipe González- por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, fija en su artículo 93, que el sujeto pasivo será «el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan».

Posteriormente, el Real Decreto 828/1995, añade que «cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario».

Ataque del Gobierno al Supremo

El Gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado este miércoles un choque inédito entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, al deslegitimar la decisión del Alto Tribunal por la que se establece que el conocido como ‘impuesto de las hipotecas’ deberá asumirlo el cliente, y no el banco.

A tal fin, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará este jueves un decreto ley con el que modificará la norma regula el impuesto de Actos Jurídicos Documentados para que «nunca más» tengan que pagarlo los consumidores.

Además, el dirigente socialista anunció también que llevará al Congreso la creación de una «autoridad independiente de protección de los clientes financieros», un órgano para proteger a los ciudadanos de abusos del sistema financiero que, en la práctica, supone asumir las atribuciones del Banco de España. La decisión del Ejecutivo pone en cuestión al Tribunal Supremo, a unas semanas de que dé comienzo el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes.