Una asociación de jueces pide la retirada del ‘decretazo’ sobre la custodia de hijos en el maltrato

La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este lunes 20 de agosto al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el ‘decretazo’ que reforma la custodia de los hijos en casos de violencia de género, aunque no haya denuncia de por medio. A su juicio, el Real Decreto-Ley recientemente aprobado sobre medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género «no ha sido meditado, debatido y examinado con la profundidad que requiere una materia de esta importancia» y, de hecho, ha introducido «inseguridad, imprecisión y desconcierto».

El pasado 3 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 9/2018 que, entre otras medidas, amplía los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género ya que faculta a funcionarios de Ayuntamientos a acreditar los casos, sin denuncia ni seguridad jurídica para el presunto autor, y los habilita para iniciar la retirada preventiva de la custodia de los hijos que pueda tener la pareja.

Según el texto, los informes de los servicios sociales también serán válidos, además de las resoluciones judiciales y de un informe del Ministerio Fiscal. También modifica el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales.

Desde la Asociación, no entienden los motivos que han llevado al actual Ejecutivo a adoptar medidas urgentes a través de este mecanismo excepcional, teniendo en cuenta que el Pacto de Estado fue suscrito en septiembre de 2017. En este sentido, apunta que el apoyo parlamentario «habría estado garantizado en caso de tramitarse un proyecto legislativo sobre la materia».

«Dudamos fundadamente de que concurran los requisitos establecidos en el artículo 86 de la Constitución para la tramitación de un Real Decreto, al no concurrir —o no haber quedado acreditados, al menos— motivos de urgencia o excepcionalidad», sostiene.

Reforma del Código Civil «irregular»

Además, la asociación ve «irregular y sin precedentes» reformar el Código Civil a través de un acto legislativo del Gobierno. «No podemos
olvidar que el Código Civil debe contar con el mayor consenso posible
para su reforma, y esta ha de tener vocación de permanencia en el
tiempo», declara. Según afirma, «no debería sustraerse al debate parlamentario la introducción de medidas legislativas tan importantes».

Asimismo, la Asociación de jueces lamenta también que el Gobierno haya elegido «el pleno mes de agosto» para la promulgación del Real Decreto-ley porque «perjudica la crítica política y jurídica».

En cuanto contenido, sobre la modificación del artículo 23 de la ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género para extender la potestad para determinar la situación concreta de violencia de género, la asociación tacha de «avance legislativo» que se habiliten otros mecanismos legales al margen del proceso para reconocer la condición de víctima.

«La obligatoriedad de obtener una resolución judicial o un informe del Ministerio Fiscal, según el tenor literal del artículo 23 hasta ahora en vigor, impedía romper el vínculo con la pareja, al no poder acceder a las ayudas fuera del proceso penal», recalca.

Redacción «desafortunada»

No obstante, ve «desafortunada» la redacción del decreto ley porque «se remite a la futura regulación de los procedimientos de acreditación de la condición de víctima». «Una norma urgente y excepcional debe establecer con precisión y seguridad los supuestos de hecho que
regula», agrega, para después hacer hincapié en que la redacción del Real Decreto-ley «deja un margen excesivamente amplio de potestad administrativa».

«La actual redacción, lejos de regular la situación e introducir mejoras, es fuente de inseguridad jurídica y dará lugar a conflictos interpretativos que puedan poner en peligro el valioso consenso alcanzado», avisa.

Por otro lado, respecto a la modificación del artículo 156 del Código Civil advierte que «bastará la denuncia de violencia de género o de violencia doméstica para que el denunciado o denunciada no pueda decidir sobre sus hijos ni el titular del órgano judicial competente dirimir las diferencias de criterio entre los progenitores».

La Asociación Francisco de Vitoria expresa su «desconcierto»
acerca de las materias escogidas por el gobierno para ser reformadas, ya que el Pacto de Estado recogía, entre las más de 200 que establece, 26 medidas urgentes, «algunas de ellas de tanta o más importancia que las reguladas» en el Decreto-ley.

Con todo, la asociación pide la retirada de la norma o «subsidiariamente», reclama a los grupos parlamentarios en la oposición la no ratificación del Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto, que tras entrar en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

En este escenario, ofrece su colaboración en la definición de
las medidas que mejoren las condiciones de las mujeres víctimas de
violencia de género, así como la implementación de otras que sirvan al espíritu del Pacto de Estado contra la Violencia machista.