La carta del ministro al juez del Supremo

Montoro a Llarena: “Al negar la malversación sólo me refería a las urnas y la manutención de Puigdemont”

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Cristóbal Montoro, Carles Puigdemont y Pablo Llarena | Noticias de última hora.
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Cristóbal Montoro ha reculado ante el juez Pablo Llarena. Sus viejas frases de “no habrá referéndum porque no hay presupuesto” o “las urnas de los chinos” del 1-O “no se han pagado con fondos públicos” han quedado atrás, muy atrás, a la hora de remitir su información al Tribunal Supremo tras el enfrentamiento con el juez Llarena. Ahora, el responsable de Hacienda reconoce al magistrado que “Al negar la malversación sólo me refería a las urnas y la manutención de Puigdemont”.

Ahora el ministro ha preferido ser notablemente más preciso en sus afirmaciones y señalar que sólo puede hablar del uso de fondos públicos, dentro de las limitaciones de los sistemas de control que efectuaron desde el Ministerio, sin descontar que les puedan haber engañado y, además, exclusivamente, en lo que respecta al citado pago de las urnas y a los desembolsos por la manutención de Carles Puigdemont, tal y como demuestra el documento del ministro remitido al Tribunal Supremo que muestra OKDIARIO.

Es decir, que en caso de que les hayan engañado en las justificaciones, no puede garantizar nada. Ese punto, de hecho, ya ha sido demostrado por la Guardia Civil, que ha detectado falseamientos en las pruebas remitidas por la interventora de la Generalitat Rosa Vidal. Y, además y de vital importancia: en todo el desembolso realizado para pagar los preparativos de los censos, colegios, sistemas informáticos de votación, envíos de observadores internacionales, destino de equipos públicos a las labores del 1-O, y todo el inmenso pago de las “estructuras de estado” creadas para la ruptura de España y de la Constitución, no puede garantizar nada.

Estructuras de Estado

Hay que recordar que entre esas estructuras de Estado se encontraba toda una red de embajadas por medio mundo –Diplocat (que fue desmontada por el propio Gobierno y el 155 ante la evidencia de su finalidad golpista)–; la Hacienda separatista catalana, una Seguridad Social propia, el inicio de un Banco Central, una entidad de control de los mercados, etc. Todo ello sin contar con los equipos de los Mossos destinados al espionaje de los constitucionalistas como medio de control de la situación en las fechas cercanas al desafío final del 1-O.

Cristobal Montoro
Cristobal Montoro

El documento remitido por el ministro de Hacienda al juez Llarena señala que “a modo de resumen, lo que se ha pretendido describir en esas declaraciones [las de la entrevista de El Mundo] es precisamente que por la puesta en marcha y funcionamiento de los diferentes mecanismos de control del Presupuesto de la Comunidad Autónorna de Cataluña, que seguidamente se describirán, se ha impedido, por un lado y con carácter principal, que exista la instrumentalización de un presupuesto público para conseguir la independencia de una parte del territorio español; y por otro, se ha pretendido explicar cómo este control implicaba e implica hoy en día el suministro de información por parte de funcionarios de la Generalitat con la finalidad para que garanticen que no se emplearían fondos públicos para acometer actos contrarios a la ley o a las resoluciones de los Tribunales relacionados con el denominado “referéndum del 1 de octubre”.

Así comienza su declaración. Pero, a partir de ahí, lo cierto es que todo son matices, peros y limitaciones a esos controles. En primer lugar, una aclaración para romper el hielo con el juez: “La labor de este Ministerio, del que soy titular, en relación con la actuación de los Tribunales de Justicia ha sido, es y será siempre la de la máxima colaboración y cooperación, prestando el auxilio que, en su caso, se precise para el esclarecimiento de los hechos que eventualmente pudieran ser constitutivos de delito, ya sea de malversación como de cualquier otro”. Porque “mis declaraciones en modo alguno contradicen los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia”.

Montoro culpa a la Generalitat

Por todo ello, el ministro acota sus palabras y señala, en primer lugar, que solo puede hablar “hasta la fecha, de la información de la que dispone el Ministerio de Hacienda y Función Pública, facilitada por la Generalitat”. Es decir, que si falta información, Montoro señala ya a la Generalitat.

En segundo lugar, el ministro afirma que sólo puede hablar de ausencia de signos de uso de fondos públicos por ahora en “los dos concretos conceptos por gastos a los que me refiero (relativos a las urnas y a la manutención del ex Presidente de la Generalidad)”. O, lo que es lo mismo, que de todo el resto, prefiere no garantizar nada. Y entre esos conceptos quedan nada menos que todos los preparativos, censos, equipos, papeletas, programas de recuento electoral y todas las estructuras de Estado creadas para la independencia-.

Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro

Pero es más: incluso de las urnas y el mantenimiento personal de Puigdemont, la afirmación de que no hubo uso de fondos públicos, queda siempre a expensas de “lo que resulte de la investigación penal”.

Montoro se ha querido quitar la polémica de encima y asegura en su documentación remitida que “esta afirmación es compatible con la literalidad” de lo dicho en la entrevista.

Por si fueran pocos matices y marchas atrás. Aún queda otra de las mayores reculadas. Porque “debemos partir a la hora de definir el alcance de estos mecanismos de control […] que los mismos implican el suministro de información de alcance estrictamente presupuestario y contable, sin que necesariamente deban suponer que la realidad fáctica o material sea coincidente”. Todo “ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad que quepa exigir a quienes hayan emitido o suministrado la citada información presupuestaria o contable ajena a la realidad material de los hechos”.

Y reitera el documento, por si había alguna duda: “Esto es, estos mecanismos de control no son incompatibles con la investigación judicial llevada a cabo por los Tribunales de Justicia de aquellas acciones u omisiones con relevancia penal que se habrían producido al margen o eludiendo el sistema de control administrativo de los pagos”.

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