Atento Montoro: Romeva metió 21 millones en los Presupuestos de 2017 para «la independencia de Cataluña»

De forma explícita, sin rodeos, los Presupuestos de la Generalitat para 2017 incluyeron una clara advertencia al Gobierno sobre su intención de destinar dinero público para la ruptura con España. En concreto, más de 21 millones de euros destinados a la «declaración de independencia de Cataluña y a la creación de unas estructuras de Estado».

Así se recoge, en concreto, en una de las partidas de la consellería de Exteriores, en manos de Raül Romeva, y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería haber supervisado a efectos de la concesión del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).  Se trata de la única alusión directa a los planes golpistas.

El programa presupuestario 121, ‘Dirección y administración general’-con un presupuesto asignado de 21.394.313, 22 euros-establecía literalmente que «la actual legislatura tiene como objetivo establecer las bases que hagan posible la declaración de la independencia de Cataluña, a partir de la creación de unas estructuras de Estado y de impulso de un proceso de desconexión nacional y popular con el Estado español».

A este fin, y «para que este objetivo de país sea posible» es «necesario reforzar la proyección exterior de Cataluña y lograr su reconocimiento». Así, continuaba, el Govern de la Generalitat «necesita el Departamento de Asuntos y relaciones Institucionales y Exteriores para impulsar una política catalana en relación con el mundo y, en especial, con la Unión Europea».

El Gobierno calculó que la consellería de Romeva había gastado hasta 27 millones de los 62 presupuestados en este departamento para promocionar el independentismo en el exterior.

Una cifra que podría quedarse corta si se atiende al volumen de las partidas. Los 21 millones antes reseñados iban destinados a «planificar y estructurar los servicios centrales» del departamento, encargado de la construcción exterior del nuevo Estado, implantar la administración electrónica en el departamento y dotarlo de personal y recursos suficientes.

El programa 231 se centraba íntegramente en reforzar la representación de Cataluña en el exterior. La dotación, en este caso, ascendió a 18.791.824,01 euros para, entre otros, «reforzar las delegaciones del Govern en el exterior», «defender los intereses de Cataluña en las instituciones europeas», «reforzar la presencia de catalanes en las instituciones y organismos de la UE y organismos unilaterales», «impulsar iniciativas que permitan el conocimiento directo de Cataluña en el ámbito internacional, con apoyo del Diplocat» o «reforzar las vías de relación directa con la UNESCO».

La Generalitat pretendía también el «establecimiento de acuerdos de colaboración entre Cataluña y los organismos internacionales», un objetivo que podría vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional en la que advierte que la acción exterior de la Generalitat no puede invadir las competencias del Estado central, aunque quepa una cierta presencia internacional del ejecutivo autonómico siempre dentro de los límites constitucionales.

OKDIARIO ya reveló hace unos días cientos de facturas que serían la prueba del uso de fondos públicos en el 1-O, y que la Guardia Civil ha aportado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Entre ellas se encuentran viajes de observadores, material de cartelería, dietas, papeletas de votación, gastos de manutención de personas pagadas por Diplocat de más de 500 euros diarios o actos dirigidos a agitar el golpe constitucional.

Montoro deberá dar explicaciones a Llarena sobre el soporte objetivo en el que se basó para asegurar que ni un euro de dinero público fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1 de octubre, ya que ello contradice las pruebas obrantes en la causa.

En una providencia, dictada el pasado 18 de abril, el instructor se remite a las declaraciones de varios de los procesados sobre una posible malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se han librado distintas euro órdenes, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción».