ERC dice que el «frente común» que propone Torrent desembocará en otro referéndum de independencia

El ‘frente común’ propuesto por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para hacer frente a la crisis catalana incluye un nuevo referéndum en el que la ciudadanía se pronuncie sobre un futuro statu quo de Cataluña.

Así lo admitió este martes Pere Aragonés, nuevo adjunto a la presidencia de ERC en sustitución de Marta Rovira y, en consecuencia, uno de los ‘hombres fuertes’ de la formación republicana. Tras reunirse en la cárcel de Estremera con Oriol Junqueras y los otros dirigentes encarcelados, Aragonés admitió a los periodistas que el plan es «conseguir un Estado propio para poder hacer un país mejor».

«Independientemente de los procesos judiciales y de los últimos acontecimientos de carácter policial, la voluntad democrática de que Cataluña pueda decidir se mantendrá», reconoció Aragonés. Las intenciones perseveran así en un nuevo referéndum sobre la independencia y la construcción de una ‘república catalana’.

Ése sería el último estadio de una hoja de ruta que, previamente, pasa por una mesa de diálogo con todas las formaciones políticas, entidades, sindicatos y otras organizaciones representativas de la sociedad civil «para articular una respuesta conjunta y unitaria», como expresó Torrent en un discurso institucional, este domingo.

En el mismo, apostó por una «salida política» y «no judicial» aunque, al mismo tiempo, arremetió contra la «escalada de vulneraciones» del Estado que, opinó, dio un «salto exponencial» el pasado viernes con el encarcelamiento de cinco dirigentes independentistas. Torrent ya avanzó en esta propuesta el sábado, en un acto simbólico en el Parlament, rodeado, ente otros, por Artur Mas y el socio de Pablo Iglesias y líder de los ‘comunes’, Xavier Domènech, partidario de explorar esta vía. La propuesta cuenta ya con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT.

«Los catalanes tienen la última palabra»

Los republicanos proponen un diálogo de distintas opciones políticas pero con un único fin: volver a colocar las urnas, porque, argumentan, «el pueblo de Cataluña es quien debe tener la última palabra». La gran novedad es que, por primera vez, ese plan implica directamente al presidente del Parlament, Roger Torrent, hasta ahora cauteloso con respetar la legalidad.

La idea de una nueva consulta a la ciudadanía figuró ya en la propuesta trasladada por Junts per Catalunya y ERC a la CUP para la investidura de Jordi Sànchez, en la que se incluía el compromiso de «impulsar un proceso constituyente» que culminaría con una «multiconsulta» a la ciudadanía. No obstante, buena parte de ese debate constituyente correspondía, según esa hoja de ruta, a las «instituciones en el exilio», órganos dirigidos por Carles Puigdemont desde Bruselas. La opción queda ahora completamente frustrada.

Aquella hoja de ruta reservaba a Torrent un papel relevante en tanto el Parlament tendría que someter a votación las estructuras del nuevo Estado. «Las fuerzas republicanas con representación en el Parlament de Cataluña se comprometen a trasladar a sede parlamentaria los debates y propuestas que emanen del compromiso de construir la República surgida de las urnas el pasado 1 de octubre. Fundamentalmente, las cinco vinculadas a la estructura de modelo de país», rezaba el documento.

Según los informes incautados por la Guardia Civil, los secesionistas tenían prevista la creación de 14 estructuras de Estado, entre ellas, la Hacienda propia (la principal), un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores e, incluso, un Ministerio de Defensa.

El presidente del Parlament se ha cuidado de no incurrir en actos que pudieran suponerle consecuencias penales. En especial, en lo relativo a las sucesivas propuestas de investidura: suspendió la sesión que tenía previsto hacer president a Puigdemont y aplazó también la investidura de Jordi Sànchez, ex líder de la ANC en prisión, en espera, dijo, de la resolución de las apelaciones a la Justicia internacional. El pasado sábado, evitó también la segunda votación a Jordi Turull, por entonces ya encarcelado.

Torrent ha convocado un pleno, para este miércoles, para reclamar los «derechos políticos» de los dirigentes secesionistas procesados pero que no pasará de un mero acto simbólico. En la sesión se debatirán varias propuestas de resolución presentadas por los independentistas, entre ellas, la que insta a la «liberación de los diputados procesados y el reconocimiento de sus derechos políticos» y otra sobre «el cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU para garantizar los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez». La investidura de Sànchez ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional, que exige que el candidato esté presente en el Parlament.