Se espera un proceso rápido por la buena cooperación entre Alemania y España

Los plazos de entrega del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, detenido este domingo en Alemania, en aplicación de la euroorden que hay sobre él, van de 10 a 60 días. No obstante, se espera que los trámites se agilicen por la buena cooperación policial y judicial entre Alemania y España.

Según recoge la legislación europea, si la persona detenida manifiesta su consentimiento de entrega a su país, ésta se hará efectiva en un plazo de 10 días tras haberse manifestado el consentimiento, informa Europa Press. 

En cambio, en los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la euroorden debería tomarse en un plazo máximo de 60 días tras la detención.

La Fiscalía española está ya realizando «intensas gestiones» con el Ministerio Fiscal de Alemania y Eurojust con la finalidad de poner a su disposición toda la documentación y material que se precise para hacer efectiva la euroorden contra Puigdemont.

La policía alemana confirmó la detención de Puigdemont a las 11.19 hora local, en una autopista del país donde entró a través de la frontera con Dinamarca, tras abandonar el viernes por la noche Finlandia, donde había sido invitado para ofrecer unas conferencias, informa Efe. 

Tras esa detención en Alemania, la Fiscalía ha iniciado inmediatamente «intensas gestiones» con su homóloga alemana y con Eurojust, un organismo dedicado a la coordinación y la cooperación entre los estados miembros en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea.

Lo ha hecho con la finalidad de «poner a su disposición toda la documentación y material que se precise para hacer efectiva la euroorden», según informan fuentes fiscales.

Puigdemont ha sido detenido este domingo en Alemania después de que el viernes el magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el ‘procés’, Pablo Llarena, reactivara este viernes las órdenes europeas e internacionales de detención para Puigdemont, así como los exconsejeros que huyeron con él a Bélgica -Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret y Lluís Puig-.

El Código Penal alemán incluye además un delito similar al de rebelión, lo que cumple con la exigencia de la euro orden.

En concreto, el Código Penal establece, en su título II, el delito de «alta traición» contra la Federación, que se aplica a aquel que «intente con violencia o por medio de amenaza con violencia perjudicar la existencia de la República Federal alemana o cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania».

«Será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a diez años», se advierte.