Ya es oficial: cuándo empieza la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas en España

Trabajar menos horas sin que eso implique perder salario es una idea que lleva tiempo en la agenda política española, especialmente desde los acuerdos que permitieron la formación del actual Gobierno de coalición. Ahora, después de meses de negociaciones, encuentros con agentes sociales y más de un aplazamiento, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha sido finalmente aprobada por el Consejo de Ministros. Aunque aún no está en vigor, el calendario ya está trazado y las empresas deberán prepararse para su aplicación antes de que termine 2025.

Este cambio no ha llegado sin tensiones. Mientras el Gobierno y los sindicatos defienden que se trata de una medida necesaria para adaptar el empleo a la realidad tecnológica y social del país, desde el ámbito empresarial (y especialmente desde la patronal) han surgido críticas y advertencias sobre el posible impacto económico. Con todo, el proyecto de ley ha comenzado su recorrido parlamentario y, si logra el respaldo suficiente en el Congreso, entrará en vigor en los próximos meses. Para millones de trabajadores, esto supondrá un cambio significativo en su jornada laboral. Pero la medida no sólo afectará al número de horas trabajadas: también incluye reformas en el control horario y en el derecho a la desconexión digital, con el objetivo de asegurar que la reducción se cumpla realmente. A continuación, repasamos todo lo que se sabe hasta ahora y qué pasos quedan para que esta nueva jornada se convierta en norma definitiva y cuándo empieza la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas en España.

Cuándo empieza la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas

Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. La norma, que fue consensuada en diciembre de 2024 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT), comienza así su trámite parlamentario. En esta ocasión, el texto se tramita como proyecto de ley y no como decreto, lo que implica un proceso más largo, pero también más abierto a posibles modificaciones en el Congreso y el Senado.

Aunque estaba previsto que esta aprobación se produjera la semana anterior, el apagón sufrido el 28 de abril, obligó a posponer el Consejo. Finalmente, el Gobierno ha seguido adelante con el plan acordado con los sindicatos, a pesar de la falta de respaldo por parte de la patronal, que se retiró de la mesa de negociación y mantiene una postura crítica frente a la medida.

De este modo, la aprobación definitiva no será inmediata. El proyecto de ley debe superar ahora su paso por las Cortes, donde los partidos debatirán el texto, podrán presentar enmiendas y votarlo. El objetivo del Gobierno es que la norma esté en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible, de modo que las empresas dispongan de varios meses para adaptarse. Según lo establecido, los convenios colectivos que incluyan una jornada superior a las 37,5 horas semanales en media anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustarse a la nueva norma.

Así, si la tramitación parlamentaria avanza en los plazos previstos, la nueva jornada laboral podría comenzar a aplicarse en el segundo semestre de 2025, una vez publicada oficialmente la ley. De no ser así, todavía quedaría margen para que las empresas adapten sus estructuras y horarios hasta final de año.

Un cambio que afecta a millones de personas trabajadoras

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Trabajo, esta reforma beneficiará a unos 12,5 millones de trabajadores en España. Entre ellos, 2,4 millones pertenecen al sector del comercio, 2 millones a la industria, 1,4 millones a la hostelería y un millón al sector de la construcción. Se trata, por tanto, de una medida con un alcance amplio, que afectará principalmente a los sectores con jornadas más rígidas y menos flexibles.

Aunque muchos convenios ya contemplan jornadas inferiores a las 40 horas semanales, la nueva ley establecerá un límite máximo para todos los sectores. Es decir, no será posible pactar jornadas por encima de ese umbral en los convenios colectivos, aunque sí se podrán mantener horarios más reducidos si ya existían.

Registro horario y desconexión digital: dos pilares clave

La norma no se limita a reducir el número de horas semanales. También introduce cambios importantes en el registro horario y en el derecho a la desconexión digital. El registro de jornada deberá ser digital, con la posibilidad de que la Inspección de Trabajo acceda en tiempo real a los datos de cada empresa. Además, será obligatorio que cada trabajador realice personalmente su registro de entrada y salida, y que este se realice en un formato accesible, legible y verificable.

Respecto a la desconexión digital, se refuerza como un derecho irrenunciable. Esto implica que ningún trabajador podrá ser sancionado o penalizado por no responder a correos electrónicos o llamadas fuera de su jornada laboral. La intención es garantizar que la reducción de horas no se vea desvirtuada por una disponibilidad continua fuera del horario laboral.

Multas y obligaciones para las empresas

Las empresas que no se adapten a tiempo a la nueva normativa o que incumplan los requisitos del registro horario podrán enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros por trabajador afectado. Este punto busca garantizar que no haya vacíos legales ni malas prácticas en la implantación de la medida. Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que habrá un margen de adaptación, pero también un control firme del cumplimiento.

Por este motivo, se recomienda a las compañías que comiencen cuanto antes con los preparativos. Además del ajuste de jornadas, deberán implementar sistemas digitales de control horario y revisar sus políticas internas para garantizar el respeto al derecho a la desconexión.