El Gobierno aprueba la reducción de jornada y Yolanda Díaz dice a Junts que «hay margen para negociar»

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, aunque de momento no tiene el apoyo suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Ante esta situación, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado un mensaje a Junts, cuyos siete votos en el Congreso son claves: «Hay margen para negociar», ha dicho.

Yolanda Díaz ha explicado su posición para ganarse el apoyo de Junts y poder sacar adelante la norma en el Congreso, que recibirá el voto en contra del PP y Vox. «He leído declaraciones de Junts anoche diciendo que la norma tiene que adaptarse a Cataluña, y yo hoy digo que hay margen para negociar», ha señalado.

Yolanda Díaz también ha enmarcado la presentación en el Congreso de una enmienda a la totalidad de la norma aprobada por el Gobierno como un hecho habitual dentro de las negociaciones. «Esa enmienda es el movimiento habitual para empezar una negociación», ha explicado.

La ministra de Trabajo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Gobierno ha cumplido, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza» con la aprobación de esta norma, muy criticada por los empresarios por el impacto en el empleo y en muchos negocios que ya pasan por un mal momento.

Para responder a estos argumentos, Yolanda Díaz ha dicho que los márgenes de las empresas se han disparado desde 2019. En concreto, ha citado a la Hostelería, un 35% de mejora, o el Comercio, por encima del 20%. La ministra ha presumido de los datos de empleo, conocidos este martes, y las ha atribuido a las reformas que ha hecho el Gobierno.

Para Trabajo, la rebaja de jornada en sí no lo más importante de este proyecto de ley, sino que considera que la medida más relevante es la reformulación del control horario, que se deberá tener lista en seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Este registro horario será digital e interoperable y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador.

También deberá identificarse «inequívocamente» a la persona que registra los asientos para garantizar la «autenticidad» de los datos y a través de un formato «tratable, legible y compatible» que permita a los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección acceder de forma inmediata al registro de jornada en el centro de trabajo, y en cualquier momento, de manera interoperable y en remoto.

Además, la empresa conservará los registros durante cuatro años, periodo durante el cual permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.

Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.

La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.