La victoria de Feijóo hará que las ‘grandes fortunas’ no paguen el impuestazo por el ejercicio 2023
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, derogará el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF), aprobado por la Ley 38/2022, del pasado 27 de diciembre; «aproximadamente en septiembre» de este año, lo que «llevaría a su no aplicación para el ejercicio 2023 que se declara en 2024». Así lo han confirmado en exclusiva fuentes de la formación azul a OKDIARIO.
Se trata de una concreción del anuncio realizado el pasado 31 de mayo por el líder popular en el Círculo de Economía de Barcelona, donde prometió ante los empresarios catalanes la eliminación de este impuesto aprobado por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez; además de la devolución del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) a las comunidades autónomas, para que éstas puedan en su caso bonificarlo, como el propio político hizo en Galicia. Según los populares, se trata de «devolver al autonomía fiscal a las comunidades autónomas», como pidieron en su momento.
Con la inmediata derogación del IGR, el PP trazaría una ruta económica de bajada drástica de la presión fiscal que sufren los españoles, y que se agrava día a día por la espiral inflacionista. También de un mayor respeto a la seguridad jurídica de cara a la credibilidad frente a los socios europeos.
El de 2022 se ingresará este julio
Eso sí, los sujetos pasivos del IGF no se librarán de ingresar lo que les corresponda en su declaración de este 2023 respecto del ejercicio de 2022.
El pasado lunes, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Modelo 718, formulario con el que liquidarán el impuesto entre los próximos 1 y 31 de julio aquellas personas físicas con patrimonio superior a los tres millones de euros a fecha de devengo del impuesto, en este caso, a 31 de diciembre de 2022 (toda vez restado el importe del valor de su vivienda habitual).
Se trata de un tributo que además de incrementar la presión fiscal a las familias más pudientes, se inmiscuye en las competencias de las regiones, pues afecta exclusivamente a aquellos contribuyentes que residen en comunidades autónomas donde el IP está bonificado bien al 100% como en Madrid o Andalucía, bien al 50% como en Galicia (o al 25% el pasado 2022, fecha de devengo del IGF que el próximo mes de julio se declara).
Jaque mate a la planificación fiscal
Varios asesores fiscales de altos patrimonios explican a OKDIARIO que este impuesto a las grandes fortunas «se aprobó por la puerta de atrás y a última hora a finales de 2022». «Se impidió la planificación de las grandes fortunas, acabando, por ejemplo, con la posibilidad de que los afectados pudieran vender o donar parte de sus bienes en 2022, para evitar caer bajo el hecho imponible del impuesto y tener que pagarlo este 2023», es decir; «atentando contra el principio de no confiscatoriedad».
En otras palabras, a los grandes patrimonios no les dio tiempo a organizarse para evitar tributar por impuesto que, en el fondo, resulta muy similar al de Patrimonio, pese a haber sido vendido en la Ley reguladora como «complementario».
Con carácter retroactivo
Además, su entrada en vigor se estableció con carácter retroactivo ya para el ejercicio 2022, este fue, el mismo año en que la norma regulatoria entró en vigor, lo que choca de manera formal con el principio de irretroactividad.
Asimismo, si bien se establece una cláusula de revisión para evaluar sus resultados al final de su vigencia (el último ejercicio sería el de 2023 a declarar en julio de 2024) y valorar su mantenimiento o supresión, lo cierto es que, de continuar vigente, seguiría espantando a las grandes fortunas tanto con residencia fiscal en España como no residentes (aquellos que pasan más de 183 días fuera de territorio español pero que tributan por obligación real), que podrían comenzar a sacar su patrimonio del país de no ser derogado durante este año o antes de julio de 2024.
Por todo lo anterior, si Feijóo fuera investido presidente tras las elecciones del próximo 23J y derogara el IGR, los contribuyentes podrían deshacerse de un impuesto que en principio será exigible el próximo julio (respecto del ejercicio de 2022) y en julio de 2024 (respecto del ejercicio de 2023). Así las cosas, si el líder popular lo eliminara tras subir al poder, 2023 sería el primer y único año en que las grandes fortunas pagarían este impuesto.