Según la Agencia Tributaria

Unipost, colaborador del 1-O, dispara un 128% su deuda con Hacienda en dos años hasta 12,4 millones

La compañía de la familia Raventós, que cerró definitivamente en abril de 2018, debe a Hacienda 12,43 millones de euros según la última lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria.

Está acusada de colaborar con la Generalitat en la celebración del referéndum ilegal del 1 de Octubre.

Unipost
Pablo Raventós, ex director general de Unipost.

Unipost, la empresa de la familia independentista catalana Raventós que está siendo investigada en la Audiencia Nacional por su colaboración en el referéndum ilegal del 1 de Octubre, ha disparado su deuda con Hacienda en un 124% en dos años, hasta alcanzar la cifra de 12,43 millones. Así lo refleja la última lista de morosos con el fisco publicada por la Agencia Tributaria en junio -referida a diciembre de 2018-.

La firma catalana, que nació con la intención de ‘tumbar’ a la pública Correos, entró en la lista de morosos con Hacienda -donde aparecen las empresas y personas que deben más de un millón de euros al fisco y no han pactado el pago- en la lista de 2017. A cierre de diciembre de 2016, Unipost ya debía a Hacienda 5,44 millones.

En la última lista hecha pública por el Gobierno, con datos a cierre de 2018, la deuda ha aumentado hasta los citados 12,43 millones, un 124% más -en la anterior la deuda ascendía a 11,7 millones-. Unipost cerró definitivamente su actividad en abril de 2018: después de varios meses en concurso de acreedores, desde julio de 2017, el administrador concursal dictó en febrero de 2018 su disolución y su liquidación para abril.

1 de Octubre

Sin embargo, pese a declararse en concurso de acreedores en julio de 2017, la empresa dirigida por Pablo Raventós participó supuestamente en la celebración del referéndum ilegal del 1 de Octubre.

Según la investigación del caso, Unipost fue la empresa que realizó el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones como componente de mesa electoral. El gasto según la Guardia Civil asciende a casi un millón de euros por lo que se giraron las correspondientes facturas a la Generalitat que, según declaró un directivo de la firma, renunciaron a cobrar. Además, la Guardia Civil tiene probado que acordaron con cargos de la Generalitat destruir las pruebas que les incriminaban.

Mientras la empresa no cobraba a la Generalitat por realizar esos servicios para una consulta ilegal, Unipost incrementaba su deuda con el fisco. Y la ha seguido aumentando durante 2018 hasta 12,43 millones.

Además, mientras Unipost enviaba la correspondencia del 1 de Octubre y no la cobraba, con otros clientes hacía justo lo contrario: cobrarles pero guardar las cartas en un almacén por falta de fondos para el reparto. Como adelantó este diario, la CNMC les sancionó con 80.001 euros por no enviar 3,4 millones de cartas de dos de sus clientes.

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