El sector eólico se juega perder otros 600 millones si el Gobierno no hace bien las cuentas

A finales de este año, acaba el primer semiperiodo regulatorio de tres años de la Reforma Energética, con lo cual se han de revisar algunos de los parámetros económicos con los que se fijan los incentivos a las renovables ya instaladas. Y existe un riesgo importante que ya se ha comprobado al final de este espacio de tiempo: si el regulador no atina en su previsión de precios del mercado para los próximos años (parámetro fundamental para establecer la retribución), el sector puede perder mucho dinero que después nadie le va a compensar.

La Ley del Sector Eléctrico establece que el regulador debe utilizar los futuros de OMIP para calcular la previsión de precios para los próximos tres años (2017, 2018 y 2019). A partir del tercer año, no hay referencias obligatorias, pero para 2020 sí existe la referencia de los futuros de OMIP, la mejor estimación posible a día de hoy, según han informado a OKDIARIO fuentes del sector.

Lo razonable sería que el regulador se basase en los precios actuales y atendiese a los pronósticos que indican que seguirán una senda bajista. Ahora bien, si apuesta por precios más altos, como ya hizo cuando dictó la ley hace tres años, el incentivo será más bajo sin ninguna garantía de recuperación por la propia perversión del sistema. Según los cálculos de la Asociación Española de Energía Eólica, si se toman como referencia los 52 euros/MWh que ya figuran en la ley en vez de los 41 que sería razonable tomando la senda de los futuros, la eólica dejaría de ingresar en los próximos tres años sin garantía de recuperarlos otros 600 millones de euros necesarios para alcanzar la rentabilidad razonable.

De hecho, en este primer semiperiodo el sector ya ha dejado de ingresar 630 millones necesarios según el Gobierno para llegar a la rentabilidad razonable por este error de diseño en el sistema. El sistema establece que las instalaciones renovables anteriores a la ley tienen derecho a una rentabilidad “razonable” para ser competitivas en el mercado del 7,39% durante los primeros seis años.

Para garantizar que así sea, se retribuye a los parques con un incentivo o retribución a la inversión (Rinv) que se calcula en función de una serie de parámetros, incluida una previsión de los precios del mercado eléctrico para los siguientes años. Pasado este tiempo, se revisa si ha habido desviaciones de precios sobre las previsiones en el semiperiodo y, si es necesario, se compensa a las empresas hasta que alcancen la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil regulatoria del parque (20 años).

En los últimos tres años, la senda de precios prevista por el regulador se ha desviado una media de 6,37 euros/MWh a la baja, fundamentalmente por tratarse de años de elevados vientos y lluvias y precios de los combustibles fósiles bajos. Como consecuencia, la eólica ha dejado de ingresar 630 millones de euros que la propia regulación establece como necesarios para alcanzar la rentabilidad razonable. Sin embargo, sólo se compensará al sector con el 36% de esa cantidad (con lo que pierde el 64% de lo que le corresponde), debido a que el sistema incluye unos límites diseñados de tal modo que resulta improbable que la compensación sea por el total. Es decir, que un error en el diseño le va a impedir al sector alcanzar la rentabilidad que supuestamente le garantiza la ley.

Las empresas eólicas españolas han creado 96.431 empleos en el mundo, 22.500 en España, exportaron en los últimos 4 años un total de 11.010 millones de euros, sólo en 2015 ascendieron a casi 3.000 millones de euros y consiguieron que el pasado ejercicio se sustituyeran importaciones de combustibles fósiles por valor de algo más de 9.000 millones de euros y se evitaron la emisión de 106 millones de toneladas de CO2.