40.000 millones de los Presupuestos Generales

Sánchez presume de llenar con 7.000 millones la hucha de las pensiones tras inyectar 40.000 al sistema

Sánchez saca pecho por guardar 7.000 millones en la hucha de las pensiones después de haber inyectado a la Seguridad Social de los Presupuestos 40.000 millones desde que gobierna

Pensiones
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Carlos Ribagorda

Pedro Sánchez y su Gobierno han presumido de haber guardado ya en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, 7.022 millones de euros a cierre de mayo, la cifra más alta desde 2018, explican. Sin embargo, desde ese año, en el que Sánchez entra al Gobierno tras la moción de censura, la financiación del sistema de pensiones ha cambiado y ahora se han multiplicado las transferencias desde los Presupuestos Generales a la Seguridad Social para lo que se ha denominado gastos impropios del sistema de pensiones.

Esas transferencias de dinero de los Presupuestos han pasado de 14.648 millones de euros en 2018 a 39.295 millones en 2023, según un informe de Octavio Granado, ex secretario de Estado de la Seguridad Social con el PSOE, publicado esta semana por Fedea. Según los datos recopilados por el ex alto cargo socialista, el incremento de los fondos del Estado al sistema de pensiones se han disparado un 168% con Sánchez de presidente.

Otro informe publicado esta semana por Fedea calcula el incremento de los ingresos de la Seguridad Social procedentes de los Presupuestos Generales en porcentaje sobre el PIB. Las transferencias del Estado al sistema de pensiones eran del 1,5% en 2018. En 2023 ya fue del 3% del PIB.

Como se ve en el gráfico, sólo los incrementos de las transferencias del Gobierno a la Seguridad Social han permitido controlar el déficit de las pensiones, que no baja, pero que se paga con dinero público y no con los ingresos por las cotizaciones sociales de la propia Seguridad Social, como se hacían antes de 2018.

Sánchez, hucha de las pensiones

En el año 2010, el gasto en pensiones era del 9,8% del PIB y se sufragaba con las cuotas de los trabajadores, los ingresos por los intereses de la hucha de las pensiones y con transferencias del Estado, que suponían un 0,6% del PIB.

En 2018, cuando inicia Sánchez su primer mandato, el gasto en pensiones ya era del 11,9% del PIB, mientras los ingresos por las cotizaciones sociales de los trabajadores era del 8,9% del PIB. Los ingresos por los intereses de la hucha de las pensiones ya eran insignificantes después de que Mariano Rajoy tuviera que utilizar buena parte de esos fondos por la crisis económica, mientras que las transferencias del Estado ya eran más necesarias, del 1,5% del PIB.

La situación en 2023 ya es clara: las transferencias del Estado han salvado el sistema de pensiones. Los ingresos de la Seguridad Social por su cuenta ya no son suficientes. Las inyecciones del Gobierno han sido del 3% del PIB, y sólo así se ha podido presentar un déficit del sistema menos alarmante de lo que es realmente.

Esta es la realidad de las pensiones en España. La reforma de Sánchez, derogando las medidas de contención aprobadas por Rajoy, han elevado el gasto. Para cuadrarlo, Sánchez ha ampliado el concepto de «gastos impropios» del sistema -pensiones no contributivas, tarifas planas, bonificaciones a la contratación…-, que ahora paga directamente la Administración central.

Los expertos de Fedea dicen en el informe que esa reforma de Sánchez  «apunta más bien a una justificación para traspasar a la Administración General del Estado una parte del déficit de la Seguridad Social».

En definitiva, el Gobierno presume de haber metido 7.022 millones en la hucha de las pensiones procedente de la subida de las cotizaciones con el Mecanismo de Equidad Generacional (MEI), cuando en realidad los Presupuestos Generales han asumido en 2023 casi 40.000 millones de euros de gastos que antes estaban en el debe de la Seguridad Social.

El Tribunal de Cuentas también ha dado la voz de alarma por el déficit de las pensiones, que estima se sitúa al cierre de 2022 en casi 90.000 millones de euros, y ha pedido al Gobierno que tome medidas urgentemente para reducirlo.

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