Aroma a ‘vendetta’: Sánchez reprocha al Ibex «su falta de neutralidad» en las elecciones del 23J

El asalto a las grandes empresas del Ibex 35, que ha comenzado por Telefónica pero que Pedro Sánchez quiere continuar con otras compañías como informa hoy OKDIARIO, tiene detrás el resquemor del presidente con su actitud ante las elecciones del pasado 23 de julio: «Sánchez está convencido de que no fueron neutrales en el 23J», según fuentes de Moncloa.

Esta guerra comenzó tras la pandemia, cuando los ministros de Sánchez -y no sólo los de Podemos, también Nadia Calviño o María Jesús Montero- comenzaron a atacar a figuras del mundo empresarial, como Juan Roig o Amancio Ortega, así como a los sueldos de los banqueros y a los beneficios de las grandes compañías, que consideraban «escandalosos». Esta deriva culminó con el establecimiento de los impuestazos a la banca y a las energéticas a finales de 2022 para gravar lo que el Gobierno consideraba «beneficios extraordinarios», así como el de las grandes fortunas.

Al principio, prácticamente el único alto directivo del Ibex que levantó la voz contra estos atropellos fue Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, para pedir mayor seguridad jurídica. Pero sí molestó a Sánchez que los primeros espadas del Ibex empezaran a borrarse de sus actos propagandísticos, a los que nunca habían faltado en los meses posteriores al confinamiento.

La primera respuesta por la vía de los hechos de las empresas ante este asedio fue el cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos, anunciado en marzo de este año, mucho antes de los comicios. Esta decisión recibió un alud de críticas por parte del Gobierno y del propio Sánchez, que llegó a decir que «la patria no es sólo hacer patrimonio». Ante estos ataques, las patronales CEOE y Fomento del Trabajo reaccionaron defendiendo a la compañía que preside Rafael del Pino y achacando su decisión a las políticas contrarias a la empresa del Ejecutivo.

La reacción de Sánchez fue aprobar un decreto antiFerrovial para entorpecer la salida de otras empresas del Ibex de España mediante la exigencia de su aprobación por el Registro Mercantil y la capacidad para dilatar notablemente dicha autorización.

En la época preelectoral no hubo apenas declaraciones relevantes por parte de los empresarios del Ibex, en contra de lo que asegura Sánchez, más allá de las protestas de los bancos y las energéticas por el impuestazo y la petición de su retirada. Sí hubo algunas voces, como la de Dolores Dancausa (CEO de Bankinter) que criticaron la política económica del Ejecutivo, en especial la espiral de déficit y deuda públicos, pero no fueron ni mucho menos mayoritarias. Cuando se les preguntaba por las elecciones, los directivos siempre respondían que sólo hablaban de su empresa.

Críticas tras las elecciones

Tras los comicios sí aumentaron las críticas empresariales contra la política gubernamental, en especial por la citada falta de seguridad jurídica. El más agresivo ha sido Antonio Brufau, presidente de  Repsol, que ha advertido de que se llevará inversiones por importe de 1.500 millones fuera de España si no hay estabilidad fiscal (de hecho, ya ha paralizado algunas). Antonio Garamendi se sumó a esas advertencias. Más discreta ha sido Iberdrola, que ha firmado un acuerdo con el fondo soberano de Abu Dabi para invertir 15.000 millones de euros, ninguno de ellos en España.

En noviembre también se produjo una escena que molestó mucho al presidente: en un acto sobre el Corredor Mediterráneo, el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, anunció que Sánchez acababa de ser investido presidente, lo que fue recibido con un enorme abucheo por parte de los empresarios asistentes. En ese mismo acto, Juan Roig lanzó otro torpedo al decir que, si el clima político de España se diera en Portugal, Mercadona «ralentizaría inversiones».

Con todos estos roces bien apuntados por el presidente, la entrada de la saudí STC en Telefónica con un 10% del capital, anunciada en septiembre, ofreció a Sánchez la oportunidad de oro para iniciar su revancha: en vez de vetar la operación, algo que sería muy mal visto en Bruselas, decidió aprovechar la oportunidad para que el Estado volviera a entrar en el accionariado de la operadora a través de la SEPI. Es decir, hacer de la necesidad virtud, como dijo al referirse a la amnistía de los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña.

Y ahora pretende repetir la operación en otras grandes compañías del Ibex sin importarle el coste en dinero público para los españoles ni la exigencia de la UE de reducir el déficit y la deuda.