El relato de 37 días de odisea para los autónomos entre rectificaciones y contradicciones del Gobierno

Han pasado 37 días desde la declaración del estado de alarma. Durante este periodo el Gobierno ha mantenido una guerra abierta con los autónomos, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica provocada por el coronavirus.

El ministro de Inclusión y Seguridad Social aseguró durante esta semana en sede parlamentaria lo siguiente: «Una determinada asociación de autónomos ha estado desinformando», en referencia implícita a ATA, aunque no la mencionó directamente. Al día siguiente desde ATA, integrada dentro de CEOE, difundían una encuesta que revelaba que ocho de cada diez autónomos suspenden la gestión del Gobierno ante esta crisis insólita.

La asociación, además, elaboró una «crónica del abandono», que narra las rectificaciones y el «abandono» que dicen que sufren por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez:

Dos días antes del estado de alarma: 12 de marzo

Ese día las tres organizaciones de autónomos más representativas, tanto ATA, como UATAE y UPTA, trasladaron mediante carta a la vicepresidenta del Gobierno y a los ministros de Seguridad Social y Trabajo, tres propuestas de medidas extraordinarias y urgentes:

• La exoneración de cuotas para los autónomos por baja de enfermedad por Covid-19 o en cuarentena.
• El reconocimiento y concesión automáticos de la prestación por cese de actividad, entendiendo la pandemia como causa de fuerza mayor, y la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para todos los autónomos obligados a suspender su actividad, los que tuvieran falta de actividad o para aquellos que debieran permanecer en sus domicilios para el cuidado de hijo o con dependientes a su cargo y no pudieran desarrollar su actividad desde casa.
• Y, cuando el autónomo pudiese desarrollar parcialmente su actividad en su domicilio, solicitaban la exoneración de la cuota de autónomos.

13 de marzo, un día antes del estado de alarma

Anticipando la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, ATA, advirtiendo que el 14 de marzo se ordenaría por parte de la Seguridad Social la domiciliación de las cuotas de autónomos a las entidades financieras, solicitó que se suspendiera dicha orden. Fue ratificada e incluida en el documento de propuestas que la CEOE envió este día al Gobierno para que fueran abordadas en el Consejo de Ministros que iba a declarar el estado de alarma.

14 de marzo: declaración del estado de alarma

El 14 de marzo el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma con la suspensión de actividades y el confinamiento parcial de toda la población, pero los autónomos denuncian que ninguna de sus propuestas fueron tenidas en cuenta.

17 de marzo: Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros anunció la flexibilización de los ERTE y que los autónomos que hubieran visto suspendida su actividad por el estado de alarma, o que tuvieran una caída severa de su facturación en un 75%, pudieran acceder a la prestación por cese de actividad, a la que ya tenían acceso los autónomos. Según ATA, ya era «un derecho, puesto que cotizan por ella de forma obligatoria, menos los que tienen la tarifa plana, desde enero de 2019».

¿El problema? ATA denunciaba que ningún autónomo iba poderse acoger a la nueva prestación básicamente porque, con las especificidades que tenía, «se les abocaba al cierre y no a la suspensión».

18 de marzo: Real Decreto en el BOE

En el Real Decreto publicado en el BOE el 18 de marzo constaba que el 75% de perdida de facturación para beneficiarse de la prestación por cese de actividad sería del mes anterior (es decir, febrero, un mes de facturación normal sin impacto de la crisis del coronavirus) con respecto al promedio de facturación de los seis meses anteriores. Según ATA, «ningún autónomo entraba en ese supuesto».

Además, la prestación era incompatible con cualquier otra prestación o pensión, dejando a viudas o jubilados que compatibilizaban su pensión con trabajo por cuenta propia fuera del cese. También se dejaba, por ejemplo, fuera a los mutualistas (abogados, médicos, etc..). Además, denunciaban que se dejaba fuera a todos los autónomos en módulos, familiares colaboradores o societarios y administradores.

El mismo 18 de marzo otras patronales, en diversos comunicados, declaran abiertamente que no se estaba respondiendo a las necesidades de los autónomos y que las ayudas se quedaban cortas. Pedían por unanimidad la suspensión de las cuotas.

19 de marzo: el Gobierno dice que trabaja en una guía para los autónomos

El 19 de marzo, tras varias consultas con el Ministerio de Seguridad Social, ATA explica que se les confirmó «extraoficialmente» que estaban elaborando una guía y que «la prestación por cese de actividad (PCA) extraordinaria no tiene nada que ver con la PCA clásica», puesto que no hay que cursar baja ni en el RETA, ni censal, ni en la Agencia Tributaria. Es decir, según ATA, se flexibilizaban las condiciones iniciales.

Lorenzo Amor trasladó la información a los medios de comunicación y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negó a continuación «cualquier tipo de flexibilización o rectificación», afirmando «que todos los autónomos podrán cobrar el paro y no pagar cuotas». En aquel momento faltaban 7 días hábiles para que los autónomos tuvieran que pagar las cuotas.

20 de marzo: cambia el criterio de la Seguridad Social

El 20 de marzo, ATA recibe extraoficialmente para su valoración el criterio 5/2020 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) para la aplicación de la prestación por cese de actividad extraordinaria (art. 17 del RD), que no tiene rango de norma. Se aclara que el mes de referencia para el cálculo de la caída de facturación es el mes natural anterior a la solicitud.

Es decir, que los autónomos que solo puedan acreditar bajada de facturación, tendrían que presentarlo el 1 de abril, pues es la facturación de marzo la que debe aportarse para acreditar dicha caída en relación a los seis meses anteriores o al promedio de facturación del periodo que se haya estado activo anteriormente al mes de marzo. De nuevo, un cambio de criterio del Ejecutivo.

21 de marzo: envían una carta pidiendo auxilio al presidente del Gobierno

El 21 de marzo ATA manda una carta al presidente del Gobierno “rogando” la suspensión del cobro de las cuotas el 31 de marzo, porque era imposible operativamente el pago. Ponían de manifiesto la inseguridad jurídica, el confinamiento de autónomos y de sus colaboradores o la falta de recursos de las mutuas. No hubo respuesta.

27 de marzo: el formulario de las mutuas

Las mutuas presentaron ese día un formulario unificado de solicitud de prestación que respondía al criterio del Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS). Y ese mismo día, según ATA, la Tesorería General de la Seguridad Social, relanza un tuit con fecha del 20 de marzo, recordando que los autónomos que no abonen su cuota de marzo, estarán penalizados por un recargo. Ese retuit no figura en el perfil de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este es el original del 20 de marzo:

#COVID_19: Se mantiene la obligación de ingresar las cotizaciones en plazo.

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+info en ➡️ https://t.co/VmLXTLYqiY pic.twitter.com/PQn4CFWB48

— Información TGSS (@info_TGSS) March 20, 2020

29 de marzo: llega el «permiso retribuido recuperable»

El 29 de marzo se anuncia el “permiso retribuido recuperable” en actividades no esenciales. Según ATA, también «se olvidan de los autónomos». De hecho, el decreto sólo habla de los trabajadores por cuenta ajena pero no aclara qué pasará con los autónomos.

30 de marzo: orden ministerial

En una Orden ministerial del Ministerio de Sanidad del lunes 30 de marzo, ya sí se exceptúa explícitamente a los autónomos de endurecimiento del confinamiento, y por tanto se les permite seguir trabajando en actividades no esenciales. Se olvidan de trasladárselo eso sí a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que impiden que algunos trabajadores por cuenta propia, pese a no estar incluidos en la nueva restricción, puedan acudir a sus centros de trabajo.

31 de marzo: cobran la cuota a los autónomos y Consejo de Ministros

El 31 de marzo fue uno de los días más negros para este colectivo. Todos los autónomos (más de 3 millones) ven en sus cuentas corrientes que el Gobierno ha cobrado la cuota a la Seguridad Social con normalidad. Llama la atención que ese mismo día en Consejo de Ministros se aprueban moratorias y aplazamientos para este colectivo, aunque desde ATA siguen insistiendo en que las iniciativas del Ejecutivo son insuficientes y aumentan la burocracia.

También se aclaran los criterios de la prestación extraordinaria y la documentación necesaria, aunque según el Gobierno no había ninguna rectificación. Asimismo, se incluye a los trabajadores por cuenta propia en las moratorias hipotecarias y en la modificación de contratos de suministros o suspensión de facturas de gas, electricidad o derivados de petróleo. También se amplían las moratorias de hipotecas y alquiler, suspensión de créditos y bono social a las viviendas particulares de los autónomos, algo que no contemplaba en el Real Decreto de 18 de marzo.

Según ATA, «se habían olvidado de que existen». Consideran, asimismo, «grave» que para acceder a esas ayudas sociales, así como al rescate de sus planes de pensiones, se les exigen un certificado de la Agencia Tributaria (AEAT) de cese, lo que implica el cierre definitivo del negocio.

7 de abril: se elimina la incompatibilidad de la prestación por cese y otras prestaciones

El 7 de abril, el Consejo de Ministros, elimina la incompatibilidad de la prestación extraordinaria con otras prestaciones o pensiones de la Seguridad Social y, por tanto, todos los que compatibilizan pensión o prestación relativa al RETA pueden acceder a la prestación por cese de actividad extraordinaria (pensionistas en jubilación activa o viudas, por ejemplo).

10 de abril: el Consejo de Ministros no suspende la cuota de abril

El 10 de abril, el Consejo de Ministros, pese al clamor de estos profesionales, no suspende la cuota de abril, ni aplaza la presentación de impuestos correspondientes al primer trimestre. Anuncia que posiblemente se apruebe dicho aplazamiento hasta el 20 de mayo (cuando lo lógico es que sea con la presentación del segundo trimestre el 20 de julio).

14 de abril: se aplaza el pago de los impuestos hasta mayo

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que permite prolongar el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos. La norma establece que estos colectivos no tendrán que presentar estos pagos tributarios en abril, como es habitual, sino que extiende el plazo un mes hasta el 20 de mayo para mitigar el impacto económico provocado por la crisis del coronavirus.

Se podrán beneficiar los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros  y se podrán aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF. En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Los autónomos pedían al Gobierno que el aplazamiento fuera hasta julio.

15 de abril: enfrentamiento entre José Luis Escrivá y Lorenzo Amor

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acusa a «una determinada asociación» de autónomos, a la que eludió citar, de facilitar «información errónea» y de «desinformar» a los trabajadores por cuenta propia «para que no pidieran prestación» de cese de actividad extraordinaria aprobada por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis del virus Covid-19 en la economía.

17 de abril: llegan las primeras ayudas

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social anunció que 919.173 autónomos percibieron este viernes la prestación extraordinaria por cese de actividad. Desde el Ejecutivo destacaron que era una inyección de 670,9 millones de euros para este colectivo.

La ayuda mínima es de 661 euros y, la media, si se tiene en cuenta el volumen total de las ayudas y el conjunto de los beneficiarios, de 729 euros.

El problema es que el Gobierno cargó el pasado 31 de abril la cotización social a los 3,2 millones de autónomos pese a las reclamaciones de las principales asociaciones que representan a este colectivo. El Gobierno ha prometido devolver las cuotas a los autónomos beneficiarios de las ayudas pero aún no lo ha hecho. La cuota a la Seguridad Social media asciende a 283 euros, según las cifras que maneja ATA.