El regalo fiscal de Sánchez incluye que Cataluña no aporte nada si el resto de regiones bajan impuestos

El texto del acuerdo entre PSOE y ERC que da vía libre al regalo fiscal de Pedro Sánchez a Cataluña, el conocido como cupo catalán, incluye que la región gobernada ahora por Salvador Illa tenga la posibilidad de no aportar nada en concepto de solidaridad al resto de comunidades autónomas si éstas bajan impuestos. Se trata de una condición teledirigida contra los gobiernos autonómicos del PP, como Madrid, Andalucía o Galicia, que han reducido a cero los impuestos autonómicos -en el caso de la Comunidad de Madrid- o han eliminado los de Patrimonio y Sucesiones, como Andalucía y, en parte, Galicia.

En virtud del acuerdo, Cataluña recaudará, gestionará e inspeccionará todos los impuestos generados en la región. A cambio, aportará fondos a la caja común por lo servicios que presta allí el Estado y en concepto de solidaridad con el resto de regiones más pobres. Esa cuota no está especificada en el texto del acuerdo.

«La aportación a la solidaridad ha de ser explícita y se ha de reflejar de manera transparente. La Generalitat ha de contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas con el objetivo de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que también hagan un esfuerzo fiscal similar», señala el texto.

En definitiva, el PSOE y ERC condicionan el pago de una cuota de solidaridad de Cataluña a la caja común a que el resto de regiones no bajen los impuestos, algo que les permite sus competencias fiscales. Madrid, por ejemplo, ha quitado todos los impuestos regionales mientras que Cataluña ha aumentado las tasas autonómicas mientras incrementa también los gastos en embajadas exteriores o en su mastodóntica cadena de televisión y radio autonómicas.

Este discurso es el que ha llevado a cabo también el Gobierno de Pedro Sánchez durante estos años. Hasta el punto de que Sánchez ha aprobado una ley nacional para obligar a los ciudadanos de Madrid y Andalucía a pagar el Impuesto de Sucesiones y Patrimonio, subvencionados al 100% en estas regiones y otras gobernadas por el PP.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, llegó incluso a decir que apoyaba el cupo catalán y que el verdadero problema de la insolidaridad entre regiones era el dumping fiscal de Madrid, con el que había que acabar.

Además de condicionar esa cuota de solidaridad a que el resto de regiones haga el mismo esfuerzo fiscal que Cataluña, el texto del regalo fiscal de Sánchez incluye el concepto de principio de ordinalidad, otra condición que busca en el fondo reducir lo que los gobiernos independentistas catalanes -y el PSC- han llamado brecha fiscal, es decir, la diferencia entre lo que ellos calculan que aportan al Estado y lo que calculan que reciben.

Este principio de ordinalidad significa que ninguna región reciba de la Administración central menos dinero por habitante que otras autonomías aunque éstas hayan aportado menos a la caja común. Si eso se da en el caso de Cataluña, entonces el acuerdo firmado habla de «medidas compensatorias» de la Administración central hacia Cataluña.

Este acuerdo, según apuntan los primeros análisis de los expertos, supone un importante agravio hacia el resto de regiones porque detraerá recursos para los servicios públicos que prestan los gobiernos autonómicos. El coste real de este cupo catalán no está definido porque se desconoce la letra pequeña, pero Fedea habla ya de un trasvase de fondos de hasta 13.200 millones de euros.

Para conocerlo en detalle, la Comunidad de Madrid ha pedido por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que le detalle «por escrito» los términos de este acuerdo fiscal que, le recuerda, negó a los consejeros regionales en hasta dos ocasiones.