Este es el acuerdo de Sánchez con ERC que rompe la Hacienda española y la solidaridad entre regiones
Se consuma la traición fiscal de Pedro Sánchez y Hacienda a todas las Comunidades Autónomas que no son Cataluña, o que no cuentan con el cupo que tienen en País Vasco o Navarra. El Gobierno cede, a cambio de la investidura de Salvador Illa, todos los impuestos que recauda Cataluña, que también se quedará el IVA que tributan las pymes y los establecimientos turísticos. Y, para colmo, no basta con que la propia comunidad falte a cualquier principio de solidaridad sino que, además, exige que el Estado «incremente los recursos derivados de la necesidad» de conservación del estado del «bienestar en Cataluña», y «compense los desequilibrios que se han producido».
El documento alcanzado entre el PSC y ERC, esboza un modelo de fiscalidad para Hacienda desconocido hasta ahora en España.
Recaudación tributaria
Cataluña, a través de la Hacienda de la propia comunidad, se encargará «de la recaudación de todos los tributos, de su gestión, liquidación e inspección de los mismos que se generen» allí.
Como no cuentan, asegura el documento, con los medios necesarios, asegura que el Estado se hará cargo de «traspasar los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos necesarios».
El acuerdo habla de una cesión progresiva que se «convertirá en ley en 2025», y que lo hará gracias a una «comisión mixta de asuntos económicos entre el Gobierno y la Generalitat».
Objetivos 2025
- Asunción de la recaudación tributaria de la Hacienda catalana.
- Aumento de la capacidad normativa para que sea Cataluña quien gestione esos impuestos y sus modificaciones de manera que sea vinculante para España y la Unión Europea.
- Creación de un calendario para implementar el nuevo modelo de financiación, empezando por una modificación del modelo de financiación de las comunidades autónomas y de la ley de cesión de tributos para adaptarlos a las nuevas necesidades de Cataluña
Implementación en 2026
Tras poner en marcha los citados objetivos a lo largo del próximo año, en 2026 se implementarán ya las medidas que refleja el acuerdo, por lo que en menos de dos años Cataluña estará gestionando todos los tributos, entre los que además incluyen, de forma extraordinaria y no vista nunca en España, el IVA.
El Impuesto sobre el Valor Añadido, que es un impuesto de carácter estatal y que no recae jamás en una comunidad autónoma, tendrá por primera vez una excepción en España: tanto el IVA que pagan las pymes como el de los alquileres turísticos se quedarán en las arcas catalanas.
Peor que el ‘Cupo vasco’
El acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC supone un punto y final para la solidaridad entre comunidades autónomas. Un principio constitucional por el que todas las comunidades aportan a una caja común y luego reciben en función de las necesidades, no de lo que han aportado.
Aunque hasta ahora el llamado cupo vasco, que tiene también su reflejo en Navarra, era la única excepción, puesto que se quedaban los tributos autonómicos, este acuerdo entre PSC y ERC va más allá.
El cupo en el País Vasco o Navarra les permite recaudar y disponer de los tributos autonómicos como mejor dispongan, pero a cambio no reciben del Estado el dinero que supondría cubrir esas necesidades de las que ya se hacen cargo.
Cataluña va más allá. Pide que se tenga en cuenta el poder adquisitivo de su comunidad autónoma y que se compare con otras, de manera que aunque aporte a la caja común según el principio de solidaridad, reciba más dinero porque extremeños, canarios o castellanos, entre otros, tienen menos poder adquisitivo.
La idea es que a partir de 2025, el dinero de la caja común no se reparta según las necesidades de los servicios públicos o los habitantes de la región, sino según su nivel de vida. Como en Cataluña «existe una mayor capacidad fiscal» porque sus habitantes tienen un mayor poder adquisitivo y realizan una mayor contribución, el acuerdo propone que reciban en relación a esa capacidad fiscal.
Cambian por completo el modelo de financiación, de manera que las comunidades más pobres o con más dificultades para recaudar reciban en función del porcentaje que aportan sus contribuyentes, por lo que la desigualdad entre comunidades cada vez será mayor.
Para colmo, el acuerdo habla de respeto al principio de solidaridad, porque seguirán aportando, pero como estamos explicando, es pura ficción, porque no aportan para que haya igualdad, sino para que en el reparto les toque de nuevo una parte mayor.
Y si no es así, el acuerdo incluye una cláusula para que el Estado compense a la Hacienda catalana. Todo esto desde 2026.
Competencias no homogéneas
El último tirabuzón del acuerdo, más allá de crear un consorcio que controle, acepte, vigile y ejecute las inversiones que el Ejecutivo central quiera hacer en Cataluña, son las llamadas competencias no homogéneas.
Entienden el PSC y ERC en el acuerdo que Cataluña tiene un conjunto de competencias singulares que no tienen otros territorios, como «un aumento entre la población en edad escolar o el factor de envejecimiento», y piden que cada año se revise para que el Estado compense también en la financiación a esta comunidad autónoma con la cantidad que se estime necesaria.