«Quiero negociar, pero tengo documentos para una querella criminal por alzamiento de bienes»

«Quiero negociar. La solución pasa porque nos dejen inyectar 22 millones de euros a través de una ampliación de capital y mantener el 38,5% de Abenewco1, la empresa a la que han traspasado los activos y el negocio de Abengoa. Si nos hacen un hueco, nos olvidamos de la batalla judicial, porque tenemos documentos de sobra para iniciar un proceso penal por alzamiento de bienes». Ésta es la hoja de ruta de Clemente Fernández, la nueva apuesta de la sindicatura de accionistas minoritarios para la presidencia de Abengoa S.A., que en este momento ya supera el 12% del capital, según asegura Fernández en conversación con este diario.

La plataforma de minoritarios de Abengoa, Abengoashares, registró el martes en la CNMV la sindicación de las acciones y en estos momentos ya han firmado más de 2.000, que superan el 12% del capital. «Esta semana alcanzaremos el 15% y seremos ya de sobra los primeros accionistas de la compañía. Cualquier pacto debe pasar por hablar con nosotros, porque ahora mismo somos el interlocutor válido con los acreedores», explica.

Fernández, ex presidente de Amper y propietario de diez millones de acciones de clase B de Abengoa, insiste en que quiere negociar y alcanzar un acuerdo para presentarlo en Junta de Accionistas para que sea aprobado. «He intentado contactar con el Santander -primer acreedor- y no se han puesto en contacto conmigo», señala. «Pero me da igual lo que hagan a partir de ahora, una vez finalizado el plazo para aprobar el plan de rescate firmado por Gonzalo Urquijo y los acreedores el 6 de agosto. Todo lo que quieran aprobar tiene que pasar por una Junta de Accionistas y no la controlan», advierte.

«La solución pasa porque nos dejen inyectar 22 millones de euros a través de una ampliación de capital y mantener el 38,5% de Abenewco1. Si nos hacen un hueco, nos olvidamos de la batalla judicial, porque tenemos documentos de sobra para iniciar un proceso penal por alzamiento de bienes»

Ese plan de rescate ha sido avalado por el nuevo consejo de Abengoa, salido de la Junta de Accionistas Extraordinaria del pasado 22 de diciembre y que era la primera apuesta de los minoritarios. Esa apuesta pasaba porque, una vez elegidos Juan Pablo López-Bravo, Margarida Smith y Jordi Sarrías, uno de los tres tenía que dimitir para nombrar presidente de Abengoa S.A. a Fernández. Sin embargo, los tres nuevos consejeros rompieron ese acuerdo -que ellos niegan que existiera- y nombraron acto seguido presidente a López-Bravo. Al día siguiente, miércoles 23 de diciembre, comunicaron a la CNMV que avalaban el plan de rescate del 6 de agosto como mejor solución para evitar la quiebra de la compañía.

«Todo lo que hagan tiene que pasar por la Junta, que no controlan»

«Da igual. Nos han traicionado y los tengo que echar a los tres. Ya hemos solicitado una Junta Extraordinaria para cesarlos. Ya han perdido tres juntas y perderán todas las que vengan. Antes de dos meses -plazo para que se convoque esa Junta- estaremos al mando de Abengoa y vamos a refundar todos los acuerdos», explica.

«Porque no nos sirve que a los accionistas de Abengoa nos dejen el 2,7% de Abenewco1, la empresa que tiene ahora los activos. Tampoco el acuerdo al que llegó Marcos de Quinto en nombre de los minoritarios que nos reservaba el 12% de una revalorización futura en caso de venta o salida a Bolsa, porque además eso se tenía que hacer a través de los PIVs, que no sirven de nada y no podrían cotizar en ninguna parte -ese acuerdo fue rechazado por el 55% de los minoritarios y precipitaron la salida de De Quinto de Abengoashares-. Quiero negociar un nuevo acuerdo: nuestra propuesta es que nos dejen inyectar los 22 millones de euros a los que nos hemos comprometido en una ampliación de capital preferente y nos diluimos un 50% en Abenewco1, hasta el 38,5% del capital», asegura.

«Si no nos hacen un hueco a partir de esta propuesta, tenemos documentación de sobra para ir por lo penal por alzamiento de bienes primero, porque han traspasado los activos a otra empresa y la han vaciado. Y segundo porque no han presentado las cuentas de 2019, entre otras cosas», explica.

«No es el mejor camino, quiero negociar. Han estado metiendo presión a todo el mundo con la fecha del 31 de diciembre y ya sabíamos que el Gobierno no iba a aprobar eso porque el ICO no quiere firmarlo si no está la Junta de Andalucía y si hay riesgo de querellas. Mi proyecto lo ven bien en la Junta de Andalucía y en el ICO», señala Fernández.

«Si ahora quieren declarar el concurso de acreedores que lo hagan. El límite es el 18 de febrero y por temas del covid-19 se puede prorrogar hasta mediados de marzo. Antes ya tendremos el control. Pero si lo quieren hacer antes pues no pasa nada, el concurso de acreedores no es el fin del mundo. He gestionado otras veces empresas en concurso y las he sacado adelante», señala.