La querella del taxi en la Audiencia acusa a Uber, Cabify y las VTC de crear una «trama patológica»

El Ministerio Fiscal se encuentra actualmente analizando la querella interpuesta hace dos meses en la Audiencia Nacional, en la que un grupo de taxistas se querelló contra Uber, Cabify, sus responsables legales y los responsables de otra multitud de empresas de flotas de VTC (con nombres como Jaime Castellanos o Rosauro Varo) por varios delitos entre los que se incluyen estafa, administración desleal, delitos contra los derechos de los trabajadores y la Hacienda Pública, y blanqueo de capitales.

La querella formaba parte de una ofensiva judicial que se completaba con una demanda civil por daños y perjuicios contra los mismos actores. Ambas fueron redactadas por el abogado y exjuez de la Audiencia Nacional Elpidio José Silva y presentadas bajo el liderazgo del líder taxista Tito Álvarez, que afirmaba tener el aval de más de 2.000 taxistas. A finales de junio el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional incoó diligencias penales y trasladó los hechos contenidos en la querella a la Fiscalía «para que informe sobre los mismos y, en su caso, solicite las diligencias de prueba cuya práctica considere necesaria para investigar los delitos objeto de imputación».

La querella se presentó junto con varias periciales que comprobarían la «trama corporativa patológica» con múltiples delitos

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a la querella, que ha permanecido secreta hasta el momento. En la misma se acusa a los querellados de haber construido una «trama corporativa patológica» con múltiples delitos y se alude a unos informes periciales (de Juan Lloret Villota, Manuel Tolbaños Rodríguez, Sergi Cutillas Márquez y el detective Jordi Galván Durán) que garantizarían que «la especulación en torno a las autorizaciones de VTC ha sido en los últimos años tan exorbitantemente (sic.) pronunciada en España que las mismas han alcanzado un incremento superior a mil ochocientas veces su valor originario».

Taxis sin serlo

De las varias acusaciones de delitos que el exjuez Silva achaca a las empresas de VTC y a Uber y Cabify destaca que «hacían creer que cumplían los requisitos administrativos atinentes a la explotación de sus autorizaciones ‘como si fueran de Taxi’» y también que «han manipulado muy significativamente la libre formación de los precios de las autorizaciones en el seno del mercado uvetecista» aunque no explica cómo sospecha que pudo hacerse esta manipulación.

La querella señala que Jaime Castellanos está implicado en el caso en su calidad de propietario de Moove Cars, empresa que acumula licencias VTC. Sin embargo no concreta qué acciones habría realizado el directivo que fueran susceptibles de un ilícito penal. Por su parte, otros personajes prominentes del sector de VTC como Rosauro Varo también son mencionados en la querella sin que quede claro exactamente qué acciones llevaron a cabo, sino más bien por ser propietarios de la empresa de VTC a la que se acusa, en este caso Vector Ronda Teleport.

Según asegura el texto, «todo el castillo de naipes edificado por los uvetecistas querellados partiría de la siguiente premisa, tan ilícita como atractiva para su propósito criminal: en las ciudades españolas ya no se requiere licencia de taxi para prestar servicio de taxi». Según indica, utilizar las licencias de VTC para hacer servicios urbanos homologables al taxi constituye en sí mismo un delito.

En este mismo texto, con una terminología poco habitual en los escritos penales, el abogado Silva califica de «chapuza legal» la economía colaborativa, a pesar de que ni Uber ni Cabify se definen como tal y sí encajarían en esta definición otras plataformas como Blablacar o Amovens.

El texto da por hecho el «propósito criminal» de los querellados, tanto Uber y Cabify como los tenedores de VTC

El uso de calificativos es muy común en este texto legal del exjuez, que asegura que «para escenificar, a nivel de marketing corporativo, esta falsa economía colaborativa, se disfrazó a muchos conductores como si de transportistas autónomos se tratase, ocultando así a los verdaderos partícipes en la trama delictiva (i), disminuyendo ostensiblemente los costes laborales (ii), estafando a los usuarios (iii), e instrumentalizando esta inmensa ventaja competitiva para arrasar ilícitamente al Taxi (iv)».

Fuentes del mercado consultadas por este periódico aseguran que en los servicios jurídicos de Uber y de Cabify no hay gran preocupación por el recorrido que pueda tener esta querella en la Audiencia Nacional, pues están convencidos que no será aceptada debido a la escasa o nula argumentación jurídica de los delitos que presenta.

Los querellados

Estas son todas las personas incluídas en la querella contra el sector VTC.

Nicolás Guardans Bonet, Pedro del Corro García, Mark Walch David, José Luis López Schumer Treviño, Alfredo Luis Plaza, María Segimón de Manzanos (todos ellos de Moove Cars).

Hugo Arévalo Álvarez-Arenas, Alexander Dentzel Zaryn, Marcos Fernandez Bernabé, Feliz Ruiz Hernandez, Bernardo Hernandez González, Miguel Ángel Peña Pérez, Felix Ruiz Ruiz Hernandez (Cibeles Comfort Cars).

José Maria Goñi Allet, Ángel Gutiérrez Alonso (Prestige and Limousine SL).

Juan Ignacio García Braschi (Vector y Tibus).

José Parrondo Rojo, Víctor Manuel López Menéndez, Nicolás Guardans Bonet, Manuel – Maria Puga Fernández, Rafael García Tapia Gonzalez Camino 

Juan de Antonio Rubio (según la querella, en Vector), Juan Ortigüela Tellería (Ares Capital), Ramón Ortiguela Tellería.

Por último, se incluyen querellados de Uber tanto en España como en Países Bajos, la sede europea del gigante tecnológico:

Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty, Allendes Salazar Corcho, Cristina Moral Betere, Don Juan José Montero, Don Simon John Breakwell, Zachary de Kievit, Sujoy Kumar Haldar, Nial Fraser Was, Julien Pierre Jacques Cordonnier, Pierre-Dimitri Nicolas Gore-Coty y Sébastien Serge Dupont, al que el abogado Elpidio Silva incluye en dos ocasiones con diferentes cargos.

Fuentes oficiales de Uber y Cabify han preferido no pronunciarse sobre esta querella.