Podemos vuelve a fracasar: El PSOE tumbará en el Congreso la Ley de Vivienda promovida por sindicatos

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha confirmado este martes que el partido rechazará la admisión a trámite de la ley de vivienda impulsada por los sindicatos y varios partidos, entre ellos, Unidas Podemos y EH-Bildu. En concreto, el partido liderado por Pedro Sánchez considera que esta propuesta «choca» con la futura Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno y que todavía se encuentra en fase de redacción.

Gómez ha explicado en una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Portavoces que dicha propuesta «choca frontalmente con el anteproyecto de ley del Gobierno». Por ello, ha asegurado que el PSOE no la puede apoyar porque no tiene sentido.

La ley de vivienda que tumbará el PSOE en el Congreso de los Diputados ha sido impulsada por los sindicatos CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). De momento, cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo y Compromís.

Al igual que la Ley de Vivienda en la que trabaja el Gobierno, la normativa sindical contempla la regulación de precios del alquiler en zonas tensionadas -aquellas donde más se han incrementado los alquileres en poco tiempo-. Sin embargo, esta última también propone sanciones de 900.000 euros por subir los precios del alquiler.

Ley de Vivienda del Gobierno

El pasado 26 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Vivienda (Ley por el Derecho a la Vivienda) que permite a las comunidades autónomas limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas y da a los ayuntamientos la potestad de incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta un 150% para penalizar a las viviendas vacías (aquellas que no se hayan ocupado durante dos años) .

Según explicó en su día la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el objetivo es que el texto llegue a la Cámara Baja antes de que termine el año y que sea aprobado de manera definitiva en el segundo semestre de 2022. Para ello, el Gobierno ha decidido tramitar en anteproyecto de ley de manera urgente, lo que reduce los plazos destinados a la realización de una consulta pública y a recabar los informes de los órganos preceptivos. No obstante, es muy probable que los procesos se retrasen.

Dicha ley permitirá limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas a personas jurídicas propietarias de diez o más viviendas, es decir, grandes tenedores. Por otro lado, para intentar contener las rentas, la norma establece para los nuevos contratos una bonificación general del 50% en el IRPF de los arrendadores, que puede llegar hasta el 90%.

Por otro lado, el acuerdo pactado por PSOE y Unidas Podemos incluirá la obligatoriedad de destinar el 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. Esta propuesta pretende que las constructoras y promotoras privadas agranden el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, y de ese porcentaje, la mitad a alquiler social para los más vulnerables.