Los planes de pensiones de Escrivá no interesan a nadie: solo un 3% de los empleados pregunta por ellos

Los planes de pensiones públicos creado por José Luis Escrivá para que las pequeñas empresas ahorren para la jubilación de sus trabajadores no generan ningún interés entre sus teóricos beneficiarios. Según el Observatorio de la aseguradora Caser, sólo un 3% de los empleados ha preguntado a su empresa por la posibilidad de hacer un plan de pensiones, ya sea el de Escrivá o uno privado.

Asimismo, esta encuesta arroja que sólo un 27% de las empresas y autónomos ha oído hablar de los planes de pensiones de empleo, cifra que se hunde hasta el 11% en el caso de los autónomos sin empleados (que pueden acceder a estos productos para ellos mismos). También es llamativo que el 23% de los autónomos con empleados conoce la existencia de estos planes, 16 puntos menos que el año pasado, cuando se supone que es en 2023 cuando se debían promocionar.

Eva Valero, directora del Observatorio Caser, achaca este desconocimiento a la falta de información entre trabajadores y empresas, y en general a la falta de cultura financiera de los españoles. Algo que se confirma con otros resultados de la encuesta: el 40% de los que sí han oído hablar de los planes de pensiones de empleo desconoce en qué consisten,  un 16% cree que son un complemento a la pensión pública y un 9% entiende que tienen beneficios fiscales.

Los planes de pensiones de empleo (de empresa) existen desde hace mucho, pero, para atraer a las pymes que no tienen capacidad de contratar un plan por sí mismas, el ministro Escrivá lanzó el año pasado el proyecto de este gran fondo de pensiones público. Sin embargo, su puesta en marcha se aplazó a este año y el reglamento que los desarrolla fue aprobado in extremis días antes de las elecciones. Y todavía no está en marcha la plataforma para que puedan contratarse, cosa que el sector espera que ocurra en los próximos meses.

Comisiones y funcionarios

Este fondo público tiene como principal ventaja unas comisiones más bajas que las del mercado, entre el 0,1% y el 0,25% anual. Ahora bien, se trata de una estructura hiperburocratizada que tendrá una comisión de control compuesta por funcionarios públicos y representantes de los sindicatos y la patronal. Todo apunta a que esto lastrará notablemente su funcionamiento. Los planes de pensiones de empleo normales tienen una comisión formada por la empresa y representantes de sus propios trabajadores.

No obstante, no serán funcionarios quienes gestionen este fondo, sino que el Gobierno lo ha adjudicado a cinco entidades financieras, pese a sus críticas constantes al sector: Santander, VidaCaixa (CaixaBank), BBVA, Caser (propiedad de Helvetia, Unicaja e Ibercaja) e Ibercaja. Cada una de ellas desarrollará tres planes de pensiones con distinto perfil de riesgo (conservador, agresivo e intermedio), con lo que en realidad habrá 15 planes de pensiones.

Además, cada una de estas firmas se ha comprometido a captar 500 millones en tres años, es decir, 2.500 millones en total para el fondo público. Una cifra que las entidades consideran muy difícil de alcanzar, máxime con el absoluto desconocimiento del producto que pone de manifiesto la encuesta de Caser.

Para facilitar la atracción de empresas al producto, el Gobierno también creó los planes de empleo simplificados, que pueden promover también las asociaciones y colegios profesionales (aunque no realizan aportaciones, las hacen las empresas) y que se pueden adherir al fondo público. Pero el nivel de desconocimiento de los mismos es similar.