Escrivá retrasa la puesta en marcha de los planes de pensiones públicos a 2023

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera que la ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo sea aprobada en los próximos dos meses y que el mecanismo entre en vigor –“con los desarrollos reglamentarios correspondientes”- en 2023, lo que supone un retraso desde el planteamiento inicial, que contemplaba que el macrofondo  viera la luz en la última parte de 2022.

La ley, impulsada por el departamento de Escrivá y que se encuentra ahora en plena tramitación parlamentaria-pretende favorecer el desarrollo de los planes colectivos de pensiones. Prevé bonificar a las empresas que pongan en marcha estos planes con descuentos en las cotizaciones -hasta 115 euros al mes por empleado-, mientras que los trabajadores podrán deducirse sus aportaciones en el IRPF incluso cuando su contribución sea superior a la de la empresa.

El ministro ha reconocido el retraso durante la inauguración del congreso de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA España), donde ha hecho hincapié en que los planes de pensiones en España están poco desarrollados, al suponer sólo 7 puntos del PIB en el caso de los individuales y un 3% en el de los planes de empleo.

Respecto a esta última cuestión, ha reconocido que España sale muy mal parada en comparaciones internacionales, al estar 8 puntos por debajo de la media de países con planes de empleo no obligatorios. En Francia, por ejemplo, el ahorro acumulado en este tipo de instrumentos supone el 10% de su economía. “Somos una anomalía clara”, ha subrayado.

La escasa aceptación de este tipo de productos en nuestro país ha llevado al Gobierno a poner en marcha la reforma de estos planes “intentado identificar aquellos elementos que han sido cuellos de botella para desarrollarlos”. Así, ha considerado que la reforma propuesta supone “una simplificación extraordinaria” con el objetivo de fomentar su creación y también la competencia para que, según el ministro, “los planes se abran a colectivos que no han tenido acceso”.

En su intervención, Escrivá ha tratado dos temas clave y que han levantado bastante polémica, tanto en el sector como para los ahorradores, las comisiones y la fiscalidad.

Comisiones y fiscalidad

Sobre lo primero, el ministro ha vuelto a insistir en que la comisión media de un plan individual es del 1%; mientras que la de los planes colectivos ronda el 0,3%. Respecto a la fiscalidad, ha reconocido que la reducción hasta 1.500 euros de las aportaciones con derecho a deducción en el IRPF de los planes de pensiones individuales tiene como objetivo “empujar a todos hacia los planes colectivos”.

Escrivá ha defendido que cuando se han evaluado los resultados “no ha habido un impulso del ahorro financiero a largo plazo”, ya que “se concentran en patrimonios altos que han sustituido una forma de ahorro por otra”. Según el ministro, los incentivos fiscales a los planes individuales han costado al Estado unos 1.500 millones de euros al año.

Escrivá ha vuelto a emplazar al desarrollo reglamentario para conocer más detalles, como las comisiones o las condiciones concretas para que las gestoras y entidades depositarias opten a participar en estos vehículos.

En el texto, sujeto ahora a las enmiendas propuestas por los diferentes grupos parlamentarios, no se especifican cuestiones que sí se mencionaba en algunos de los borradores del proyecto de ley. Sí ha emplazo a la industria a que prime el crecimiento a través del volumen frente a los márgenes. “Licitaremos la gestión entre todos los que estén interesados”, ha apuntado.