Las empresas sólo se ahorrarán 400 euros si se apuntan al plan de pensiones de Escrivá

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llevado, por fin, al Consejo de ministros el anteproyecto de ley para la creación del fondo de pensiones de empleo. Con esta nueva norma, el objetivo del Gobierno de coalición es que a largo plazo al menos un 50% de los trabajadores cuenten con la cobertura de estos productos para complementar la pensión pública, en línea con el éxito que este sistema tiene en el País Vasco. Sin embargo, el incentivo que desde el Ejecutivo lanzan a las empresas para que participen es de un ahorro máximo de 400 euros al año por trabajador.

La propuesta, que ya recibió el visto bueno en su primera lectura el pasado noviembre, comienza ahora su trámite parlamentario en medio de las críticas recibidas por patronales de la industria y agentes sociales. El proyecto de ley incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador, o lo que es lo mismo 1.380 euros al año. Tomando como referencia que las cotizaciones sociales son casi un 30%, el ahorro real para la empresa es de 400 euros al año.

Aportaciones

En cuanto a las aportaciones, finalmente el trabajador podrá superar la cuantía aportada por la empresa, pero con cierto límites que se establecen en función de la contribución empresarial. De esta forma, si la empresa aporta entre 0 y 500 euros, el trabajador puede aportar hasta 1.250 euros (al aplicarse un coeficiente del 2,5), con lo que la aportación máxima se sitúa en los 3.250 euros. Si la empresa aporta entre 501 y 1.000 euros, el empleado podrá aportar hasta 2.000 (coeficiente del 2) y la portación máxima se situaría en 4.500 euros.

Para importes de entre los 1.001 y los 1.500 euros por parte del empleador, el trabajador podrá invertir hasta 2.250 euros (coeficiente del 1,5), con lo que la aportación máxima alcanzaría los 5.250 euros. A partir de 1.501 euros aportados por la empresa, el trabajador podrá aportar una cantidad igual, hasta un máximo, en conjunto, de 10.000 euros. Por otro lado, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho una deducción de 5.750 euros al año.

En esta segunda vuelta el departamento de Escrivá también se han incluido modificaciones en los órganos de gobernanza de los fondos de promoción pública. En primer lugar, se han delimitado de forma más precisa las funciones de la Comisión Promotora y de Seguimiento y de la Comisión de Control Especial. A la primera le corresponderá la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial.

La Comisión de Control Especial se encargará de la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión de cada fondo, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso, de la decisión sobre su sustitución. Tras su paso por el diálogo social, se ha modificado la composición de esta comisión, que ahora contará con cinco miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios. Con la nueva composición, se persigue la toma de decisiones por consenso entre las partes, exigiéndose mayoría cualificada para algunas decisiones.

También se han incluido novedades en el régimen de inversiones, añadiendo referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y se han definido con mayor detalle los perfiles de usuarios y funcionalidades de la plataforma digital común, una plataforma que, según apuntan fuentes del Gobierno, podría correr a cargo de los fondos europeos de recuperación.

Comisión del 0,3%

Desde el ministerio de Escrivá han reiterado en diversas ocasiones que la selección de las gestoras y entidades depositarias se hará mediante concurso público para garantizar las bajas comisiones. Aunque no aparece en el texto aprobado, la comisión máxima para los planes bajo el paraguas del macro fondo será del 0,3%, como se contempla en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia (PRTR) comprometido con Bruselas.

El porcentaje sí se incluirá en el desarrollo legislativo, igual que las condiciones concretas para que las gestoras y entidades depositarias opten a participar en estos vehículos. En este último texto el Gobierno también omite la barrera, que sí se mencionaba en algunos de los borradores del proyecto de ley, del patrimonio gestionado y que implicaba que sólo las firmas con más de 1.000 millones en planes de pensiones, y bancos depositarios con más de 10.000, podrían optar a su gestión. Es decir, la exigencia no existe en el anteproyecto, pero esta u otras similares se reflejarán en los pliegos de licitación.