Los planes de la izquierda en Francia dispararán el gasto en 179.000 millones extra cada año

El Frente Popular ha logrado la victoria en las elecciones de Francia y desde la izquierda, con algo más de 6 millones de votos, aseguran que pondrán todo su programa en marcha. Lo hacen como una amenaza a Emmanuel Macron, presidente de la República, cuyos votos necesitan para nombrar un nuevo primer ministro y arrancar con sus políticas.

La victoria de la izquierda en Francia, liderada por Jean-Luc Mélenchon, tiene más que ver con los representantes que con los votos, puesto que Agrupación Nacional cuenta con más de 10 millones de votos, pero no arredra al Frente Popular.

Quieren poner en marcha una serie de políticas que van a disparar el gasto, y que harán que el déficit -que supera el 5% y ya tiene un aviso por incumplimiento de Bruselas- sea algo que no se rebaje, al menos, en los próximos cinco años.

En concreto las promesas electorales de la izquierda, sumadas a las del partido de Macron -porque no son coincidentes- supondrían elevar el gasto, anualmente, en 179.000 millones de euros en Francia.

La alianza ha prometido incrementar el salario mínimo, reducir la jornada laboral en ciertos sectores, implementar nuevas ayudas públicas y rebajar la edad de jubilación hasta los 60 años.

Según el Instituto Montaigne, las promesas de unos y otros van desde cerca de 4.000 millones de euros para implementar el servicio militar desde 2026, 3.000 para aumentar la exención sobre el impuesto de sucesiones -que debería de entrar ya en vigor- o un claro aumento en las pensiones.

Los de Macron querían elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación en Francia, y eso debería ocurrir por ley en el último trimestre de 2024, pero sus socios de izquierda, lejos de ahorrar 6.000 millones al año, reducirán la edad de jubilación de 62 a 60 años, lo que supondrá un gasto cercano a los 60.000 millones de euros anuales.

Proponen desde el Frente Popular congelar los precios de productos básicos, y bloquear posibles subidas posteriores, lo que supondría un gasto, según la inflación prevista, cercano a los 24.000 millones el próximo año. E iría a más, si tenemos en cuenta que no se espera una inflación negativa en ningún caso.

Para pagar todo esto, evidentemente, proponen también un aumento en el impuesto de la renta más allá del salario mínimo -en todos los tramos- y un aumento en el impuesto a los llamados «superbeneficios» a nivel europeo. con todo eso esperan lograr cerca de 15.000 millones que, suponiendo que recaudaran lo previsto, quedarían muy lejos de poder pagar las ayudas sociales. El resto se pagaría con deuda.

Respecto a la edad de jubilación, hay que añadir que los de Marine Le Pen también planeaban la reducción de la edad de jubilación hasta los 60 años, pero con un matiz que supone una gran diferencia de gasto: sólo para aquellos que comenzaron a trabajar antes de los 20 años. El gasto supondría un extra de 15.000 millones de euros.

Dinero que pretendían paliar con subidas impositivas en la renta y mediante la restricción de prestaciones familiares: sólo podrían acceder a ellas los hogares en las que al menos uno de los padres fuera francés. Habían cifrado un ahorro cercano a los 4.000 millones de dólares gracias a esto.

Procedimiento déficit excesivo

Francia no puede, ahora mismo, permitirse un aumento brusco del gasto. Ni de ningún otro tipo. Los problemas con sus finanzas públicas han llevado a que el pasado mes de junio la Unión Europea impusiera al país una tutela por procedimiento especial por déficit excesivo. Una suerte de guardia de las cuentas públicas a la que te obliga Bruselas cuando excedes el 3% de déficit público y no has hecho nada para que eso se corrija.

Ahora, bajo esa tutela, y pese a que la izquierda asegure que cumplirá su programa, lo cierto es que Bruselas podría limitar los esfuerzos para implementar planes de gasto ambiciosos que incumplan las normas de la Unión Europea.

El ejemplo griego

El último en lograr una victoria desde la izquierda con promesas de un gasto desorbitado fue Alexis Tsipras, en Grecia, que llegó al poder aprovechando que el Pasok había adulterado los números y perdido toda su credibilidad, y prometió grandes ventajas a los funcionarios públicos, pensionistas y a quienes tenían salarios más bajos. Quiso, de hecho, implementar ese programa, y arrancó una histórica ola de reformas que no llegó a durar dos meses.

La intervención de Bruselas y Fránkfurt -vía Banco Central Europeo- fue inmediata, y llegaron a imponer un ‘corralito’ a los ciudadanos griegos. La congelación de créditos, deuda y préstamos pendientes de los helenos hizo que sólo si pudieran sacar 50 euros del cajero al día. Fueron las dos semanas más críticas, en términos económicos, de la historia reciente de Grecia. Incluso se llegó a hablar de que si Tsipras aguantaba el pulso, el euro caería.

No cayó el euro, pero sí las políticas de gasto desmesurado. Más allá de los tintes ideológicos del gasto, Bruselas lo que buscaba eran recortes, y Alexis Tsipras terminó llevando a cabo la mayor reforma liberal de su país, logrando equilibrar las cuentas públicas para, años más tarde, salir del procedimiento de tutela de Bruselas y dejar el país, grosso modo, como ahora mantiene su economía.

Habrá que ver hasta qué punto la izquierda le echa el pulso a Macron y, más importante, si Bruselas está dispuesta a permitir ese juego.