La opa sobre Talgo demuestra que el escudo antiopas de Sánchez se opone a la legislación europea

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 08/03/2024 06:45
  • Actualizado: 08/03/2024 09:23

La empresa húngara Ganz-MaVag (Magyar Vagon) confirmó este jueves el lanzamiento de la opa sobre Talgo a pesar de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió el miércoles de que el Gobierno «hará todo lo posible» para frenarla. Lo hará utilizando el escudo antiopas de Pedro Sánchez, pero esta batalla por Talgo pone de manifiesto que esta norma se opone a la legislación europea.

«Los tratados de la UE consagran la libertad de movimiento de capitales entre países comunitarios y esa legislación está por encima de la española. Así que el Gobierno español no puede frenar la opa sobre Talgo salvo que pueda demostrar fehacientemente que detrás está Putin o su entorno», explica un experto en la materia.

El argumento que usó Puente para justificar la oposición gubernamental fue que podría haber inversores rusos detrás de esta empresa húngara, por lo que la operación de Talgo contravendría las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.

El decreto que aprobó el nuevo escudo antiopas en julio de 2023 incluye como motivos para que el Ejecutivo vete la toma de control de una empresa española por un inversor extranjero que dicho inversor esté controlado por otro Estado o fondo soberano -el consorcio que lanza la opa sobre Talgo es propiedad en un 45% de Corvinus International Investment, fondo público del Estado húngaro- o que «exista un riesgo grave de que el inversor extranjero ejerza actividades delictivas o ilegales», algo que podría aplicarse si se demuestran relaciones con el Gobierno ruso.

Pero esta norma tiene un defecto de nacimiento: no distingue entre inversores comunitarios y no comunitarios -una distinción que afecta incluso a los jugadores de fútbol, como es bien conocido-, sino que se limita a hablar de «extranjeros». De esta forma, Pedro Sánchez se arrogaba todo el poder para vetar o condicionar cualquier operación dentro de la escalada intervencionista de su Gobierno.

De hecho, la amenaza de veto gubernamental provocó que Vivendi desistiera de lanzar una oferta sobre Prisa a pesar de tratarse de una empresa francesa. Pero ahora Magyar Vagon ha decidido seguir adelante con la compra de Talgo ignorando la advertencia de Puente y provocar el choque entre el escudo antiopas español y la legislación europea.

Intervencionismo

No es el único aspecto chirriante del escudo antiopas. Como informó OKDIARIO, este escudo fue creado en 2020 con la justificación del desplome en Bolsa de muchas empresas españolas por el estallido de la pandemia del covid y con vocación temporal: hasta que pasara la emergencia sanitaria. Por eso, tenía fecha de caducidad y tuvo que ser prorrogado varias veces por el Conejo de Ministros, la última de ellas en diciembre de 2022 por dos años (es decir, hasta diciembre de 2024).

Sin embargo, en julio del año pasado, a 18 días de las elecciones generales y, paradójicamente, el mismo día que levantó la obligación de llevar mascarilla en los centros sanitarios, Sánchez decidió aprobar un decreto que anulaba la norma original y hacía indefinido el escudo sin necesidad de prórrogas y sin ninguna referencia al covid: «La suspensión prevista en este artículo regirá hasta que se dicte Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se determine su levantamiento».

Como se ha dicho, no distinguía entre empresas europeas o de fuera de la UE. Por si fuera poco, establecía una enorme casuística para que una empresa sea considerada estratégica, lo que en la práctica supone que casi cualquiera puede estar sujeta al escudo: «Infraestructuras, ya sean físicas, virtuales, redes o sistemas, incluyen las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles», así como tecnologías críticas e insumos imprescindibles para prestar servicios esenciales para los ciudadanos.

Pero es que el Gobierno ha ido incluso más allá de esta enumeración a la hora de aplicar el escudo. Es el caso de la siderúrgica Celsa, donde se ha arrogado la potestad de autorizar la toma de control de la siderúrgica Celsa por los acreedores -fondos principalmente de Estados Unidos-, a pesar de que la siderurgia no aparece en los sectores citados en el decreto.

Desde que está en vigor el escudo, el caso más significativo al que se ha aplicado es la opa del fondo IFM sobre Naturgy, que recibió el visto bueno gubernamental con condiciones, aunque la operación sufrió un retraso de seis meses por este motivo.