La Ley lo ha confirmado: los propietarios tienen vía libre para plantar cara a los vecinos que no pagan

A nadie le gusta que en su comunidad de vecinos haya morosidad. De hecho, todos los que son propietarios suelen procurar estar al corriente de pago de la comunidad y de otros gastos, para que no hayan problemas en el caso de que se tenga que pagar cualquier arreglo o situación que se genere en el edificio en el que vivimos. Pero ¿qué ocurre cuando hay vecinos que no pagan? Hasta ahora, muchas comunidades no hacían más que resignarse y también como no, hartarse de reclamar a ese vecino moroso. Sin embargo la Ley de Propiedad Horizontal actual es clara al respecto y lo que pocos propietarios saben, es que les ampara ante estas situaciones.

De hecho, la Ley de Propiedad Horizontal, revisada y aprobada a principios de 2025, introduce novedades que dan un giro importante a la gestión de vecinos que no pagan. Esta reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 24 de julio, está en vigor desde el 3 de abril y afecta de lleno al día a día de las comunidades de vecinos siendo una base legal más clara y eficaz a la hora de actuar. Es decir, que la ley reconoce que no pagar los gastos comunes no es un asunto menor. La morosidad, además de romper la armonía de una comunidad, puede poner en riesgo su funcionamiento. Por eso, ahora la normativa ofrece mecanismos más rápidos y contundentes para reclamar las deudas y proteger a quienes sí cumplen con lo que debe pagarse a la comunidad.

La ley ampara a los propietarios frente a los vecinos que no pagan

La nueva Ley de Propiedad Horizontal (LPH), aprobada en enero y revisada este verano, actualiza un marco legal que llevaba años pidiendo una revisión. Entre las novedades más destacadas están la digitalización en la gestión de comunidades, las sanciones por impago de cuotas o por realizar obras sin autorización, y una regulación más clara sobre los pisos turísticos, que sólo podrán aprobarse o limitarse si lo aprueban tres quintas partes de los propietarios.

También se introducen medidas que fomentan la sostenibilidad y la accesibilidad. Por ejemplo, la instalación de paneles solares en zonas comunes, las ayudas para rehabilitación de edificios o la obligación de eliminar barreras arquitectónicas cuando así lo soliciten vecinos mayores de 70 años o personas con discapacidad. Son cambios que, aunque parecen técnicos, afectan de lleno al bienestar y a la convivencia en los edificios.

Pero quizá el punto más sensible, y que más debate genera, es el de la morosidad. Porque, hasta ahora, muchas comunidades se veían atrapadas en trámites largos y poco efectivos para reclamar las deudas a los vecinos que no pagan. Sin embargo, con la nueva ley, las reglas cambian: se agilizan los procesos y se dan más herramientas legales para que los vecinos cumplidores no se vean perjudicados por quienes deciden no pagar.

Qué dice exactamente la Ley sobre los vecinos morosos

El artículo 21 de la LPH es del todo claro: cada propietario está obligado a contribuir a los gastos comunes, y el impago puede derivar en reclamaciones judiciales, intereses por demora e incluso embargo de bienes. No se trata solo de una advertencia, sino de una vía real y efectiva para frenar el abuso de quienes acumulan deudas.

La norma permite reclamar deudas menores a 2.000 euros, una medida pensada para resolver los casos más frecuentes, que suelen ser pequeñas cuotas acumuladas. Además, si un propietario mantiene deudas pendientes, pierde automáticamente su derecho a voto en las juntas, algo que antes no siempre quedaba claro y que ahora se explicita en el texto legal. Es decir, los vecinos que no pagan pueden ir a las reuniones, pero no decidir sobre los asuntos de la comunidad mientras no paguen lo que deben.

Y en el caso de que no lo haga y se mantenga de este modo, la ley ampara todavía más a la comunidad que puede llegar solicitar el embargo de bienes, tanto financieros como inmuebles. Antes de llegar a ese punto, eso sí, se debe seguir un procedimiento muy concreto: la deuda se reclama formalmente, se aprueba en junta y se comunica al propietario deudor por vía notarial o mediante burofax, de modo que quede constancia legal. Si no hay respuesta, el siguiente paso puede ser el embargo, con la correspondiente acumulación de intereses.

La ley permite hacer públicos los nombres de los deudores

Otro punto que ha llamado la atención es que, según la normativa, la comunidad puede hacer pública la identidad de los vecinos morosos, siempre que se respeten los límites de la Ley de Protección de Datos. Esto significa que sí se pueden colocar avisos o listados informativos en zonas internas del edificio, como el tablón de anuncios, siempre que la información sea veraz y no se utilice con fines difamatorios.

La medida busca reforzar la transparencia, pero también ejercer cierta presión social sobre los propietarios que acumulan deudas sin justificación. En la práctica, supone una forma de equilibrar el terreno: los vecinos cumplidores ya no tienen que callar ante quienes, mes tras mes, se benefician del esfuerzo colectivo sin aportar lo que les corresponde.