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Un juez abre la puerta a que los accionistas de Popular puedan reclamar por compras anteriores a 2016

La magistrada Ana Merino recoge el guante del informe de los inspectores de Banco de España, que observaron cuentas inexactas desde 2011.

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Integración de Santander con Banco Popular

Un juez abre la puerta a que los accionistas de Banco Popular puedan reclamar con anterioridad al año 2016, el ejercicio en el que se produjo la ampliación de capital que está investigándose en la Audiencia Nacional. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles (Madrid) ha estimado una demanda interpuesta por una persona jurídica contra el Popular, ahora el Santander, por una compra de acciones que se produjo en el ejercicio 2013.

En el reciente informe de los inspectores del Banco de España sobre el Popular, intervenido en 2017, estos aseguraban que el banco ocultó pérdidas desde 2011. Este alegato sirve a la jueza Ana Merino para considerar que sí puede haber petición de devolución.

El Banco Santander, que es el responsable de los pleitos heredado de Popular, tendrá que devolver a los demandantes un dinero que invirtieron el 18 de diciembre de 2013. El importe de la compra era de 31.554 euros más el interés legal. El bufete Durán y Durán ha llevado el pleito a los demandantes. Esta sentencia puede apelarse y así lo hará el banco.

Sin información transparente

"La información proporcionada por Banco Popular durante todos estos ejercicios no ha sido transparente, no ha proporcionado la imagen fiel de su situación financiera, de forma que no ha existido una formación correcta de los precios, al haberse ocultado la verdadera situación del banco", señala.

Merino Melara insiste en la sentencia que la información del Popular era "falsa y continuada en el tiempo", aparentando una situación de normalidad durante muchos años. Asimismo, explica que el "fracaso total" de la inversión de los apelantes no fue consecuencia de las fluctuaciones normales del mercado, sino de un "importante" deterioro financiero precedido de información incorrecta sobre la salud de la entidad, informa Europa Press.

También hace referencia a la compra en 2012 por el Popular de Banco Pastor, una entidad que arrastraba "un importante paquete de activos tóxicos inmobiliarios". "Esta decisión resultaría sumamente negativa en el devenir del banco. Banco Pastor tenía más de 9.300 millones de euros en activos inmobiliarios dentro de un balance de 29.000 millones", indica.

Del mismo modo, incluye en su fallo una declaración del inspector del Banco de España Ignacio Pardo -a cargo del Popular entre 2008 y 2010- en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, que aseguró que la entidad tenía problemas estructurales desde hacía muchos años por su elevada concentración en el sector de la construcción.

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