Los compañeros de los dos guardias civiles asesinados en Barbate piden 103 años de cárcel para los narcos

Los compañeros de los dos guardias civiles asesinados en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz) reclaman hasta 103 años de cárcel para los narcotraficantes que próximamente serán juzgados en la Audiencia Provincial de Cádiz por un juzgado popular. Según ha podido saber OKDIARIO en primicia, piden 98 años para el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, y cinco años para el otro narco, Yassine El Morabet.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en la Benemérita, ejercita la acusación popular contra estos sujetos y exige el máximo castigo ante el brutal asesinato de sus compañeros.

El piloto de la narcolancha está acusado de matar a los dos agentes tras embestirlos hasta en seis ocasiones en el puerto de Barbate (Cádiz) aquel aciago 9 de febrero, junto a uno de los tripulantes que iba esa noche en la embarcación que acabó con la vida de los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez.

La AUGC destaca en su escrito de conclusiones provisionales, que el patrón de la narcolancha “embistió con plena conciencia de su actuación a una pequeña embarcación oficial de apenas 4,70 metros” en la que iban ambos agentes.

«No hubo accidente, sino una clara intención de causar el mayor daño posible aprovechando una superioridad manifiesta que dejó a nuestros compañeros sin posibilidad alguna de defensa», denuncia esta asociación, que no permitirá que «la muerte de David y Miguel Ángel quede impune ni que se ignore el sufrimiento de los supervivientes».

Tres millones de fianza

La AUGC califica los hechos de dos delitos de asesinato consumado y cuatro en grado de tentativa. En concreto, reclama para el piloto de la narcolancha 50 años de prisión por dos asesinatos consumados (25 años por cada uno); 40 años por cuatro asesinatos en grado de tentativa respecto a los agentes que sobrevivieron al ataque, pero sufrieron la embestida directa; cinco años más por un delito de atentado y otros tres años por daños.

Además, pide al tribunal que imponga a Karim El Baqqali una fianza de tres millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles.

Al otro acusado, Yassine El Morabet, le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad, por el que reclama cinco años de prisión. La AUGC destaca sobre este sujeto que «colaboró activamente utilizando un puntero láser para deslumbrar y cegar a los agentes antes del impacto».

El piloto de la narcolancha fue detenido en septiembre de 2024, después de que un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que pilotaba ‘Kiko el Cabra’, en prisión desde el día de los hechos por esta causa, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes.

Posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, fueron detenidos los tres tripulantes que lo acompañaban.

Por estos hechos también fueron detenidos otros dos tripulantes de la narcolancha, quienes se encuentran en libertad tras pagar una fianza y serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

La AUGC lleva años denunciando que enviar a guardias civiles a combatir el narcotráfico en estas condiciones «pone en grave riesgo su vida». Por ello, reclama un refuerzo urgente de medios materiales y humanos en las unidades que luchan contra el narcotráfico. «No podemos permitir que se repitan situaciones de inferioridad técnica tan alarmantes», subraya a este respecto.

Asimismo, reivindica medios marítimos adecuados para hacer frente a las narcolanchas, porque “la seguridad de quienes nos protegen debe ser la prioridad absoluta del Estado”.

También pide por enésima vez el reconocimiento de la profesión de riesgo para los guardias civiles, así como un plan integral real contra el narcotráfico en la zona, que “aborde el problema desde la raíz y con recursos permanentes, no con parches temporales”.

Exige también responsabilidades políticas

La AUGC no sólo señala a quienes pilotaban la narcolancha que acabó con la vida de estos dos compañeros, también exige responsabilidades políticas al más alto nivel.

En este sentido, destaca que «cuando se ordena a seis agentes que presten servicio en una zodiac de dimensiones reducidas frente a monstruos de alta velocidad, se está poniendo en peligro su integridad física de forma negligente».

«La falta de medios no es una fatalidad, sino una decisión política, y quienes tomaron esas decisiones deben responder por ellas» sostiene la asociación mayoritaria de guardias civiles, que luchará por una sentencia ejemplar y un cambio real en las condiciones de trabajo de los guardias civiles.