Instituto de Estudios Económicos

El IEE revela que la garantía del derecho de propiedad en España es un 6,1% inferior a la media de la OCDE

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Vivienda.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y su director general, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, han advertido este miércoles de que el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda «atenta contra el derecho de la propiedad y genera desequilibrios en el mercado del alquiler». Además, el organismo ha desvelado los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por la Property Rights Alliance revelan que la garantía del derecho de propiedad es un 6,1% inferior en España a la del promedio de la OCDE.

Así, España se mantiene en la zona baja de la clasificación, ocupando la posición 26 de entre los 37 países considerados, por debajo de la media de la OCDE y también del promedio de los países de la UE que pertenecen a dicha organización.

Durante la presentación de la revista ‘La necesidad de garantizar la propiedad privada en España como condición para la mejora del mercado del alquiler’, el IEE señala que si de verdad se quiere facilitar el acceso a la vivienda, «es fundamental terminar con el creciente amparo a la ocupación ilegal, y no cargar a los propietarios, en especial a los grandes tenedores, con obligaciones que le corresponden a las Administraciones Públicas».

Así, el organismo considera que las medidas «intervencionistas» contempladas en la futura Ley de Vivienda generan «incertidumbre e inseguridad jurídica», y son «ineficaces y contraproducentes» para lograr mejorar el acceso a una vivienda.

De hecho, avisa de que al apostar por «la falsa solución de los controles de precios» se contraerá la oferta de alquiler, perjudicando especialmente a los colectivos más vulnerables.

En contra de la limitación

«En los últimos años, han proliferado, los experimentos intervencionistas en regulación en materia de vivienda, siendo la última de estas iniciativas el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que recoge una serie de medidas que atentan directamente contra el derecho de propiedad y, por tanto, contra el adecuado funcionamiento del mercado del alquiler, de manera que resultan ineficientes para resolver los problemas de acceso a la vivienda, los cuales terminan incluso agravando», denuncia el IEE.

El IEE considera que la solución al alquiler en España pasa por afianzar el derecho de la propiedad y no por limitar los precios de los alquileres en zonas declaradas como tensionadas.

En este sentido, advierte de que el control de alquiler «no sólo es ineficiente para lograr mejorar el acceso al mercado del alquiler, sino que es, además, contraproducente, en la medida en que empeora la oferta en cantidad y calidad, con el consiguiente perjuicio y discriminación a los colectivos de menor renta a los que se pretendía favorecer».

El IEE menciona el control de precios aplicado en Cataluña, concluyendo que «no sólo ha supuesto una caída significativa de la oferta de vivienda en alquiler, sino que ha dado lugar a una dinámica contraproducente, que ha de servir como anticipo de lo que podría suponer la futura normativa estatal».

Critica la okupación

Al mismo tiempo, el IEE considera «alarmante» la «creciente legitimación» y «tolerancia» que está adquiriendo en el marco jurídico español la okupación ilegal de viviendas, «que supone negar el contenido esencial del legítimo derecho de propiedad y relegarlo frente a lo que no deja de ser una actividad delictiva en la mayor parte de los casos».

«Esta tolerancia de la regulación con el fenómeno de la okupación ilegal y la vulneración de la propiedad es impropia de una sociedad avanzada y daña, profundamente, nuestro marco institucional, con todas las consecuencias negativas en términos económicos que eso conlleva. Al proteger esta actividad delictiva, España se convierte en un caso único en nuestro entorno comparado», denuncia.

Para el IEE, la nueva Ley de Vivienda suponía una excelente oportunidad para combatir el fenómeno de la okupación ilegal y evitar los crecientes recursos ante el Tribunal Constitucional sobre las leyes de vivienda de las comunidades autónomas.

«Sin embargo, se trata de una oportunidad perdida, ya que no se han planteado ni desarrollado estas cuestiones en la futura normativa. Es más, en el citado Proyecto de Ley se reconoce el derecho a la suspensión temporal de los desahucios y de otros procesos de recuperación posesoria de la vivienda de hasta cuatro meses de ocupantes, con o sin título», reitera.

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