Los hosteleros reclamarán cerca de 1.000 millones al Gobierno por los cierres durante el estado de alarma
Los hosteleros españoles han dicho basta. Los propietarios de bares y restaurantes organizados a través de la patronal Hostelería de España presentarán a finales de este mes de junio alrededor de 4.000 reclamaciones administrativas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por un importe de en torno a 1.000 millones de euros. Así, el sector de la hostelería plantará cara al Ejecutivo y exigirá que asuman su responsabilidad por los cierres y las pérdidas de miles de negocios.
De este modo, a pesar de que estas reclamaciones iban a ser presentadas durante el pasado mes de mayo, finalmente se gestionarán en junio ya que en las últimas semanas el número de personas que se han sumado a esta denuncia ha ido aumentando. Hay que tener en cuenta que estos establecimientos han tenido que hacer frente durante meses a duras restricciones en aspectos como los horarios y los aforos, por lo que los empresarios han decidido unirse para exigir una compensación económica.
Desde el pasado mes de marzo los hosteleros y dueños de los bares y restaurantes preparan las demandas contra el Gobierno, respaldados por la patronal del sector, Hostelería de España, y las firmas jurídicas Ecija Abogados e Indemniza.
Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, ha destacado a OKDIARIO que «cada vez son más los hosteleros que han optando por presentan una demanda ante el Gobierno central». «La situación ha sido muy dura y los hosteleros están cansados de tener que soportar esta situación. El mayor número de reclamaciones se están presentando por parte de las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias, Castilla y León y Murcia», remarca.
A esta indignación se suma la polémica vivida recientemente después de que el Consejo Interterritorial de Sanidad, liderado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pretendiera imponer a las comunidades autónomas unas medidas que afectaban especialmente a los establecimientos del sector de la hostelería. Una de estas medidas implicaba que los bares y restaurantes de algunas regiones, entre ellas la Comunidad de Madrid, tendrían que cerrar el interior de sus locales.
Otros sectores
El tejido empresarial español se ha visto duramente golpeado a lo largo del último año por las restricciones adoptadas por el Gobierno para contener la pandemia de coronavirus en el marco legal del estado de alarma. Ante esta situación, el sector del comercio se unirá a otros sectores como la hostelería y los hoteles, y demandará al Gobierno por las pérdidas que estas limitaciones supusieron para su actividad.
De este modo, a través de una plataforma común, los empresarios del sector comercial que quieran reclamar al Ejecutivo por estas pérdidas podrán unirse para presentan una demanda. La plataforma estará gestionada por la firma Acountax. Por el momento, la empresa ya ha gestionado demandas particulares y trabaja de la mano con Madrid Foro Empresarial y el sector del ocio nocturno.
Fuentes conocedoras del proceso destacan a OKDIARIO que «se espera una avalancha de reclamaciones y demandas a medida que se acerque el final del estado de alarma y el plazo para recurrir». «La gente está cansada de no recibir ninguna ayuda que compense los meses que han tenido que tener sus negocios cerrados o trabajando con numerosas limitaciones que no les han permitido obtener el rendimiento habitual», explican.
Hay que recordar que Meliá Hotels Internacional y NH Hotel Group reclamaron al Gobierno compensaciones por más de 200 millones de euros derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) por el decreto de cierre de hoteles durante el primer estado de alarma. Meliá presentó una reclamación por 116 millones, a la que se han sumado otras 44 entidades, entre ellas franquicias de la cadena; mientras que NH pide más de 100 millones.
Por otro lado, los propietarios de pisos turísticos se han plantado ante el Gobierno de Pedro Sánchez. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas (Fevitur) ha decidido demandar al Estado y a las Comunidades Autónomas por los 13.000 millones de pérdidas que han sufrido durante la pandemia del coronavirus. Según ha avanzado la Federación a este periódico, estiman que hasta 1.000 propietarios y gestores de viviendas turísticas se sumen a la ofensiva legal que ha lanzado este mismo martes y cuyo plazo de adhesión finaliza el 25 de este mismo mes.